HACIA UN NUEVO MODELO DE SEGURIDAD CIUDADANA (Abril 2.007).

Publicado en el Núm. 70 (ÉPOCA II) de "La Gaceta Escurialense".

Resulta siempre llamativo comprobar el excesivo número de servicios policiales que tenemos en España. Tenemos un Cuerpo Nacional de Policía de carácter estatal. Además, contamos con distintas y varíadas Policías Autonómicas en aquellos territorios que disponen de ellas. Por último, y en cada uno de nuestros Municipios, contamos con las respectivas Policías Locales. Y, con carácter paralelo a estas tres, España cuenta con los inapreciables servicios de la nunca bien ponderada Guardia Civil, mayoritariamente cumpliendo misiones policiales en las zonas rurales y, al mismo tiempo, realizando funciones concretas contra distintas formas de delincuencia especializada.

Demasiadas policías independientes. Al menos, ese es el sentir general recogido en nuestras charlas cotidianas. Demasiadas policías independientes y un incremento espectacular en la delicuencia. Tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. Y es que cualquier acción eficaz contra el crimen pasará, de ahora en adelante, por una previa coordinación no sólo de los servicios policiales afectados, sino de todos los agentes sociales en juego en un determinado territorio. Resulta ilógico el mantenimiento de planes parciales de actuación en materia de seguridad, sin la existencia superior de un Plan Nacional de Seguridad que marque, no sólo las prioridades gubernamentales concretas en estos difíciles asuntos, sino las formas de coordinación entre servicios policiales y, lo que es igual de importante, la participación de los distintos colectivos sociales en el diseño y desarrollo de estas líneas de intervención práctica. Este llamado Plan Nacional, lejos de ser detallado, tan sólo marca lineas maestras y directrices técnicas, dejando el desarrollo de todas las materias a la actuación de otros ámbitos políticos o sociales. Descentralización en el desarrollo y una cierta centralización en el planteamiento. En concreto, aumentando el papel de los Ayuntamientos en materia de seguridad.

Los falangistas creemos que esta política de coordinación encuentra su acomodo más práctico en el ámbito propiamente municipal. Se trata, básicamente, de profundizar en el concepto de Consejo Municipal de Seguridad, un organismo participativo de planteamiento y desarrollo de políticas próximas. A nuestro juicio, en este Consejo o Mesa deberían estar presentes no sólo representantes municipales, sino también de las distintas policías actuantes sobre el territorio, representantes judiciales, empresariales, apas y representantes docentes, partidos políticos, asociaciones juveniles, foros ciudadanos y todas las demás personas, físicas o jurídicas, determinadas por el oportuno Reglamento redactado al efecto al objeto de establecer las condiciones de composición y funcionamiento de este órgano. Cuanto más amplio, por supuesto, mejor.

De esta forma, periódica y colectivamente, las instituciones administrativas -en conjunción estrecha con el tejido ciudadano- diseñan una política de seguridad municipal próxima, concreta y coordinada, y ello acerca de tres grandes grupos de asuntos a tratar. En primer lugar, una labor de prevención del delito, basada en campañas bien para formar opiniones fundamentadas de seguridad en nuestra comunidad escolar y educativa, bien para concienciar a la opinión pública ciudadana general sobre determinados aspectos preventivos. En segundo lugar, nos encontraríamos ante políticas de ataque directo a los delitos que, de forma concreta, afectaran a los distintos Municipios en mayor o menor medida. Por último, y también con un carácter primordial, este Consejo debe ocuparse de las distintas formas de reparación del daño causado por el delito: atención a las víctimas y formas de resarcimiento rápido y eficaz.

Nosotros insistimos en el hecho de obligar al poder público a sentarse periódicamente con sus diferentes administrados. Sólo ellos, de forma directa y personal, pueden dotar a las distintas instituciones del Estado de la agilidad necesaria para tomar el pulso a la situación concreta de un sector concreto. Y son ambos, los administrados y los admnistradores, quienes cogestionan la solución política y práctica de los problemas existentes. La participación ciudadana como medio directísimo de incrementar el rendimiento de los servicios públicos. Porque, y esto es lo importante, estas Mesas o Consejos deciden las directrices de actuación -así como las campañas a realizar- sobre la base de la obligatoriedad de lo resuelto: elaboran de forma conjunta y consensuada los Planes que, sobre seguridad ciudadana, necesita cada Municipio.

Coordinación desde arriba (Plan Nacional de mínimos) y desde abajo (desarrollo de planes municipales concretos y precisos para un determinado momento y lugar). Otra cosa que estamos solicitando, si bien podría ser objeto de toda una serie de artículos, es nuestra petición de desaparición de las distintas Policías Autonómicas, y la asimilación paulatina de sus medios y efectivos por parte de las distintas Policías Locales. Estas policías, de origen puramente político, serían sustituídas en sus funciones bien por la Policía Estatal, bien por la Policía Municipal. Pero este es otro asunto relacionado, que dejamos para mejor ocasión.