LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO COMO FACTOR DE IGUALDAD PENAL ("EL ATRIL" 12/XI/09).

Con la llamada violencia de género pasa igual que con casi todos los problemas graves que aquejan a la sociedad española. Que más que de una falta de leyes aplicables, se trata de una simple falta de valores. Ausencia de principios educativos sólidos. Valores asentados férreamente en una sociedad que deberían presidir -sin fisuras- nuestras relaciones interpersonales. Educación en el respeto y una clara definición de la igualdad entre los sexos en el ámbito de la pareja. Sin embargo, esto no se da. Y como no se da, tiene que venir la Ley -la fría regulación legal- para intentar suplir lo que no existe. A falta de valores... vengan leyes.

Las políticas legislativas emprendidas por un Estado justo y moderno deben tener -como una de sus finalidades prioritarias- la defensa de los más débiles... la protección de los intereses más necesitados de cuidado y tutela. Por eso yo -desde el falangismo- me he encontrado muy cómodo con el establecimiento de una regulación específica de la llamada violencia de género, y pienso que muchos de vosotros coincideréis conmigo en ello. Resulta indudable la exigencia de protección que tiene el colectivo -más o menos amplio según las siniestras estadísticas al respecto- de las mujeres maltratadas. Así nos lo indica -sin necesidad de acudir a otra clase de argumentos o consideraciones- la constante y diaria sucesión de noticias relativas a este determinado tipo de violencia, así como nuestra propia -y triste- experiencia como Abogados en ejercicio. Pasan frecuentemente asuntos así por nuestros Despachos Profesionales, y nos hemos acostumbrado a convivir con este horror. Pero también a intentar paliarlo en la medida de lo posible. Mecanismos existen para ello, por fortuna.

De todas formas, la natural evolución de este debate social ha hecho que -en este preciso momento- la discusión se centre en el contenido que debe tener esta normativa concreta, pero no en la necesidad de su efectiva inclusión dentro de nuestro sistema normativo. Porque la práctica mayoria de las fuerzas sociales y políticas españolas coinciden en la necesidad de establecer esta legislación específica, discutiendo tan sólo en torno a los extremos concretos sobre los cuales debe estructurarse esta acción de los poderes públicos. Acuerdo sobre el fondo y discrepancias en las formas.

Esto no siempre ha sido así. Y es que los sectores más insanamente reaccionarios de la sociedad española no solamente negaban la necesidad de una normativa específica sobre la llamada violencia de género sino que llegan a rechazar -incluso- la propia existencia del concepto, en el sentido de negarle una categoría jurídica autónoma y distinta de las demás clases de violencia. Se dice por estos sectores -generalmente ultraderechistas- que la violencia de una persona frente a otra está ya adecuadamente contemplada en el Código Penal, y que resulta innecesaria la redacción normativa de esta figura específica. Los actos violentos son siempre actos violentos, con independencia de quién los ejercite y sobre quién se ejerciten.

Sin embargo, la violencia de género es un tipo delictivo muy específico y -desde luego- merece una regulación independiente del resto de los actos violentos. Porque se trata de -nada más y nada menos- que de la violencia ejercitada contra una mujer por el mero hecho de ser mujer, y siempre dentro del ámbito de una relación personal previa con el agresor. Consiste en aquella violencia que -ejercitada por un hombre- tiene por motivación determinante la condición femenina de la víctima, con todas las notas de abuso de fuerza, humillación y miedo que ello trae consigo. Todas las demás formas de agresión -todas las distintas clases de violencia ejercitada entre personas- podrán ser definidos dentro de alguna otra categoría penal, pero no -precisamente- de la denominada de género. Se trata de una forma de violencia muy cualificada.

Otra cosa muy distinta ha sido el debate suscitado en torno a la discriminación positiva. Y es que, la existencia de una Ley específica sobre la Violencia de Género ha planteado dudas en torno a este concepto. Muy en la línea de las posiciones anteriormente referidas, estas tesis sostienen que no resultaría constitucional que un mismo hecho -como por ejemplo, un bofetón- tuviera distintas consecuencias penales en función del género del agresor. Se parte de la base de que un bofetón de un hombre a una mujer debe ser igual -como acto que es de violencia- que un bofetón de una mujer a un hombre. La Ley tendería -por tanto- a penalizar diferencialmente a los hombres respecto a las mujeres por una misma conducta constitutiva de delito. A mí esto -particularmente- no me cuadra y, en este sentido, se ha pronunciado también el Tribunal Constitucional. Nuestro Alto Tribunal desestimó las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas que -en este sentido- se habían suscitado sobre la Ley Integral contra la Violencia de Género.

El problema reside en la óptica constitucional distinta con la que se enfrente la cuestión. Porque no se trata de una penalización distinta de conductas iguales sino de -ni más ni menos- una penalización diferente de conductas asimismo diferentes. La Ley Integral es plenamente constitucional porque no está penando desigualmente conductas iguales, sino sancionando desigualmente conductas desiguales. Y, en este sentido, la Ley Integral de Violencia de Género no puede ser considerada más que como un factor de igualdad, al aumentar el grado de protección penal del que gozan determinadas situaciones de violencia que antes estaban desprovistas de regulación específica. Elemento igualitario sobre supuestos de hecho anteriormente regulados de manera defectuosa. Completar la protección penal que le falta a un supuesto hasta igualarlo respecto a los demás. Esto es lo que ha hecho la Ley Integral... completar una protección deficitaria.

Parto de la base de que "dos bofetadas" no son -sin más- equiparables. Y ello porque cuando un hombre golpea a una mujer a la que está -o ha estado- ligado por algún tipo de vínculo sentimental específico -viniendo ese episodio de violencia enmarcado dentro de un conjunto de relaciones interpersonales entre agresor y víctima- nos encontramos con un tipo penal nuevo y altamente especializado... mucho más grave que la simple violencia considerada en abstracto. En este caso, nos encontraríamos con alguno de los supuestos de hecho contemplados en la normativa específica de la violencia de género: aquellas modalidades agresivas -ataques físicos o psicológicos- producidos dentro de un marco de relación y considerados como especialmente lesivos o humillantes frente a la mujer por el mero hecho de serlo.

Partiendo de esta base legal, surge la polémica al haber anunciado el PSOE una reforma del actual texto de la Ley Integral. Ya está corriendo el borrador por el Congreso y ya está -como siempre- servida la polémica. Porque, con independencia de la opinión que -sobre la oportunidad de estas reformas- tenga cada uno, lo cierto es que esta clase de iniciativas socialistas siempre están afectadas de una tremenda sospecha de electoralismo. Estos temas estrella de la política social del PSOE casi siempre son sacados a la palestra pública en momentos de baja popularidad o, también, en aquellos casos en los que se pretende contrarrestar alguna clase de información negativa respecto a algún aspecto de la acción del Gobierno. Lo cierto es que ahora se pretende una profundización en la Ley de Violencia Integral y -de la información que va apareciendo en los Medios- estas medidas se traducen en algunos avances positivos y también en otros -cuanto menos- preocupantes. Lo primero que llama la atención es que la Ley tenga que ser corregida tan pronto.... ¿simple acción electoral o subsanación de errores sinceramente detectados? Entre los positivos, podemos citar la retirada de la custodia e, incluso, de la patria potestad a los padres condenados por maltrato, contemplando asismismo la posibilidad de adaptar esta medida de forma cautelar y una vez admitida a trámite la denuncia... o la mejora en la coordinación entre Juzgados y servicios policiales en materia de violencia... o una mayor y mejor formación de los Jueces y funcionarios encargados de estos Juzgados especializados. Sin embargo, se ha hablado de un posible supuesto de discriminación positiva. Esta vez sí y de carácter grave, ya que se contempla la no aplicación como atenuantes de las actuaciones de maltrato realizadas bajo la influencia de las drogas o del alcohol. De esta forma, nos encontraríamos ante un supuesto extraño de excepcionalidad penal porque -dependiendo tan sólo del tipo delictivo de que se trate- serían aplicables determinados atenuantes y otros no. Y ello en vez de tener aquellos una aplicabilidad general a toda conducta, como exigiría un mínimo principio de seguridad normativa penal.

Lo que ocurre con las leyes es que sólo su aplicación en el espacio y en el tiempo demuestra su pretendida bondad. Al cabo de cierto tiempo, deberemos examinar cuáles han sido los resultados de la aplicación de estas normas jurídicas específicas. Y aquí la evaluación no puede resultar más sencilla. Si baja el índice de víctimas de la violencia de género, estaremos ante un conjunto positivo de medidas. Pero si no desciende, el problema deberá ser replanteado por nuestros legisladores.

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LAS RAZONES DE NUESTRO "SÍ A LA VIDA" ("EL ATRIL" 25/X/09).

En pocas materias como la del aborto se ha manifestado tan nítidamente la polarización en la que se encuentra sumida la sociedad española. Pocas veces -también- tiene lugar una toma de postura pública tan directamente vinculada a una convicción íntima y moral. Ni más ni menos que ligada a la convicción que tenga cada uno respecto a la protección que quiera darse al embrión. Al convencimiento que tengamos respecto al momento efectivo del nacimiento de la vida humana, y a la solución que queramos dar al eventual conflicto existente entre los derechos de la madre y los derechos del todavía no nacido. Una posición evidentemente moral que tiene una plasmación práctica en la vida pública. Pero esta mera convicción moral -muchas veces de contenido religioso- tan sólo podrá ser válida a título individual o meramente personal.

La última gran Manifestación del 17-O ha reabierto el debate en torno a este trascendental asunto, y ha puesto de manifiesto las carencias, contradicciones y defectos de las distintas argumentaciones morales y políticas existentes en esta materia.

Muchas veces la simple afirmación de derecho a la vida apenas es capaz de encubrir una postura profundísimamente egoísta y reaccionaria, en la más triste tradición de la derecha española. La Derecha española no sólo es una de las derechas más egoístas y reaccionarias del mundo sino que -por si esto fuera poco- en este concreto tema está mintiendo a su propia gente. Los dirigentes políticos de este sector no dudan en proclamarse antiabortistas cada vez que la ocasión lo requiere. No dudan en hacerse una foto detrás de la pancarta y de proclamar a los cuatro vientos los derechos indiscutibles de los que todavía no han nacido. Sin embargo, no prohíben el el aborto cuando gobiernan -cuando tienen la oportunidad de seguir los dictados prefijados por su propio electorado- siendo las cifras de abortos -en la Comunidades Autónomas donde la Derecha gobierna- las más altas dentro del conjunto español. Es de suponer que esta circunstancia abrirá una grieta cada vez mayor entre los votantes del Partido Popular y sus cúpulas directivas. Grieta que -por otra parte- ya ha comenzado a tener cierta forma pública a raíz de la última gran concentración antiabortista del 17-O.

Sus primos de la izquierda no se quedan cortos en lo que a la instrumentalización del asunto se refiere. La afirmación a ultranza del derecho al aborto incurre en los mismos vicios en los que suelen caer casi todas las grandes materias que son objeto de reglamentación socialista. No podemos dejar de pensar que todos estos grandes temas del socialismo en el poder no son más que guiños electoralistas dirigidos a la gran masa de votantes de izquierda. Un motivo más de galvanizar un voto muchas veces disperso. Y para ello, fomento sistemático del acostumbrado sectarismo unidireccional de nuestras distintas izquierdas, las cuales ni se plantean -como nunca se han planteado a lo largo de nuestra dura Historia- comprender someramente -aproximación para el diálogo- a la postura contraria. Desde estas posiciones, se dice defender un derecho incuestionable de la Mujer pero -a la vista de los pobres resultados obtenidos por estas políticas- resulta evidente que la defensa de ese derecho se hace -muchas veces- no sólo por encima de la propia Mujer, sino también de nuestros más arraigados derechos de contenido general.

Derechas e izquierdas -como siempre- coinciden en su visión unilateral y particularista del problema. Unidas siempre sobre la base inamovible de la incomprensión recíproca y de la imposibilidad de colaboración mútua. Enlazadas siempre por su exclusivismo unilateral a la hora de determinar los principios rectores de los grandes asuntos nacionales. Lo malo es que aquí -en esta materia concreta- se están dañando demasiado valores defendibles. Básicamente tres: el de la persona todavía no nacida -en el caso de que le creamos digno de protección- el de la mujer que aborta y el de la sociedad española en su conjunto.

Los falangistas creemos que la simple negativa a la posibilidad de abortar ni resuelve el problema ni -tan siquiera- es mínimamente aceptable desde una perspectiva moral. Del mismo modo, tal consideración nos merece la simple afirmación de un derecho incuestionable e incondicional a la vida, siempre que ello no vaya acompañado de un contenido práctico que posibilite la plasmación tanto de este derecho como de otros -relacionados con él- en la vida cotidiana. Una vez más -y desde nuestra óptica- se trata de un problema de solidaridad. Nosotros afirmamos una incuestionable defensa del derecho a la vida, si bien acompañando esta postura con la adopción de una conjunto de medidas no sólo complementarias a esta postura, sino recíprocamente esenciales a la misma.

La clave de estas posiciones solidarias se encuentra en el ofrecimiento -a la mujer que quisiera abortar- de un conjunto de medidas alternativas que garanticen la protección de los distintos intereses en juego. Que protejan la vida de la persona que va a nacer y, al mismo tiempo, que protejan a la madre que se encuentra en esa difícil tesitura. Del mismo modo, y como corolario, estas propuestas tienden a proteger el interés general de la sociedad española, y ello en una doble vertiente moral y práctica. Dentro de nuestras escasas posibilidades políticas -que nos impiden hacer planes programáticos de realización inmediata- los falangistas propugnamos la potenciación de estas medidas paralelas que coexistirían con la legislación abortista, siempre y cuando no exista un partido político en el gobierno que tome la decisión de anular -definitiva y taxativamente- la actual normativa al respecto. Por esta razón -y a la espera de que algún Gobierno haga gala de esta actuación de valor cívico- lo único que podemos hacer es solicitar vías alternativas que minoren -en la medida de lo posible- los daños producidos. Estas medidas se aplicarían de forma exclusiva si aquello -lo conocido como abolición- ocurriera.

La clave puede estar -en primerísimo lugar- en la potenciación de la vía de la ADOPCIÓN como alternativa al aborto. Para ello debemos partir de una premisa básica: en aquellos países europeos en los que esta medida se ha desarrollado -Holanda- ha decrecido notablemente la tasa anual de abortos. Una mujer que acuda al sistema sanitario público o privado al objeto de solicitar la interrupción de su embarazo, debería ser convenientemente informada de esta posibilidad como primer paso de un mecanismo legislativo amplio. Campañas de información que desemboquen en la incuestionable supervivencia del no nacido y en su futura ubicación social dentro de un hogar familiar integrado. Así de fácil. Porque la difícil situación de la madre es canalizada institucionalmente hacia la solución de otra difícil situación familiar.

Otro de los factores que repercuten de manera directa en la disminución del índice de abortos es el aumento de la ayuda social a la familia y, en especial y en concreto, a la mujer embarazada aunque no forme parte de ningún grupo familiar. Estas ayudas deben estar orientadas a complementar los ingresos corrientes de una economía doméstica, al objeto de paliar los gastos que supone el nacimiento de un niño en el ámbito económico de los gastos familiares. Lo que pasa es que el Estado Español es tremendamente cicatero a la hora de conceder estos beneficios económicos, de inestimable ayuda a la hora de apuntalar una sencilla economía familiar. Datos estadísticos nos indicaban -en un pasado muy reciente- que los ingresos destinados a ayudas familiares no alcanzaban en España el 1% del PIB. Este dato es escandaloso y denota -por sí mismo y a pesar de todo el chau-chau oficial- la ausencia de una auténtica política de protección a la familia en las distintas instituciones españolas. Podemos hacer otras cosas con los mismos ingresos. Es una simple cuestión de orden y de fijación de prioridades. Nuestras finanzas públicas deben ser reorganizadas, y reorientadas adecuadamente a gastar más en esta clase de ayudas familiares; a extender la cobertura a mujeres de toda condición, incluídas las no trabajadoras; a eliminar las cortapisas establecidas por índices de renta varíables o por edad (por ejemplo, posibilitando que una madre menor pueda cobrarla hasta que termine sus estudios superiores en el caso de querer cursarlos), y a aumentar verdaderamente las ayudas a la familia numerosa.

Pero es que, además, nuestra reafirmación del derecho a la vida repercutiría -de manera directa- en las condiciones generales de trabajo. Conciliación de la vida laboral o familiar, teletrabajo, continuación de la lucha por una igualación de los salarios y por la supresión de datos discriminatorios de naturaleza sexista en la búsqueda de empleo, establecimiento de un número mayor de guarderías, establecimiento de casas integeneracionales -maravillosa idea alemana que sustituye a la guardería, en el sentido de posibilitar la convivencia cotidania entre los más pequeños y sus abuelos bajo asistencia técnica adecuada- y demás ventajas laborales y profesionales que, de forma barata e imaginativa, sean capaces de generar no sólo fuertes beneficios sociales y económicos en el terreno productivo, sino de producir tremendos beneficios en lo tocante al desarrollo meramente humano o personal. Una sociedad más humana debe ser siempre una sociedad más justa, y viceversa.

Y es que debemos entender que el factor verdaderamente progresista de una política general de gobierno en España pasa, inevitablemente, por el fomento de la natalidad. Entender que una acción gubernativa en ese sentido es capaz de producir, además de una evidente prosperidad económica, un mayor grado de cohesión social. De solidaridad, en definitiva... en esta Europa de cambios demográficos, envejecimiento de la población y recesión capitalista podríamos intentar -por qué no- una decidida acción institucional de fomento de la natalidad.

Estas son nuestras razones para un SÍ explicadas de manera esquemática. Yo creo que una simple afirmación no basta, siempre y cuando no sepamos dar a nuestro "sí a la vida" un complejo contenido de nuevas relaciones sociales y económicas. Una lucha por la consecución de nuevos derechos y por la profundización de los derechos ya existentes. La lucha contra el aborto se convierte así, y de conformidad a lo que os he contado, en un factor evidente de transformación social. En una baza más de nuestra acción revolucionaria.

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COMIENZO A PUBLICAR EN "DIARIO DE LA SIERRA" MI COLUMNA "EL ATRIL"... DEBEMOS OPONERNOS A ESTE PGOU.

Antes de que comencéis a leer mi Columna, me gustaría agradecer a la Dirección de "DIARIO DE LA SIERRA" la oportunidad que me ha brindado de poder escribir en sus páginas. En estos tiempos de crispación e innecesario sectarismo, resulta edificante comprobar como siguen existiendo Medios de Comunicación no sólo auténticamente independientes, sino también pluralmente abiertos y dispuestos a publicar colaboraciones de ideología diversa. Dicho esto, pasemos a hablar de algo infinitamente menos agradable y más ingrato. Porque hoy voy a hablaros de urbanismo en San Lorenzo de El Escorial.

El modelo urbanístico que -desde las distintas Corporaciones Municipales de la Sierra Noroeste- se está implantando en nuestros Municipios contradice -de manera frontal- los criterios más elementales de crecimiento sostenible... de la lógica de un desarrollo urbanístico equilibrado. En definitiva, este modelo de crecimiento serrano propuesto por nuestras Alcaldías -y alentado por un en exceso cicatero PORN de Guadarrama- constituye un atentado a las razones que -de un modo u otro- nos impulsaron a vivir aquí... a elegir este rincón del mundo como propio. Gente como yo -muchos centenares a lo largo y ancho de la Sierra- que eligió la opción de vida de los pequeños Municipios y de la inmersión en una Naturaleza siempre circundante. Que escogió un modelo económico basado en el predominio del sector servicios y en una muy moderada tasa de crecimiento poblacional.

Obviamente, estas no son las propuestas urbanísticas realizadas por los distintos Ayuntamientos serranos. Por eso, resultan -cuanto menos- lesivas para nuestro estilo de vida. Creo que el Hombre -con mayúsculas y considerado como base fundamental de cualquier sistema político aceptable- encuentra su directa proyección en su entorno inmediato, y que ello le confiere unas peculiares características ciudadanas. Por esta razón, todos convendremos en la circunstancia indudable de que el ciudadano de los Municipios de la Sierra ha venido desarrollando sus hitos vitales dentro de determinadas -y muy concretas- condiciones medioambientales. Estas condiciones concretas son las que están siendo modificadas a través de estas actuaciones urbanísticas, las cuales están transformando -de manera irreparablemente negativa- nuestro modo de vida. En eso -precisamente- consiste el tan traído y llevado desarraigo... en esa transformación de nuestros caracteres propios obtenidos por nuestra relación con el lugar y el tiempo, y en su sustitución por un modelo social uniforme y alejado de nuestra identidad indiscutible.

Identidad propia que salta hecha pedazos ante los propuestos pueblos sobredimensionados, los focos industriales transplantados de un sitio a otro, la creación artificial de núcleos urbanos distantes decenas de kilómetros del núcleo urbano central, el aprovechamiento inverosimil de cada metro cuadrado disponible para construir -aún a riesgo de dañar irreparablemente el medio natural- un número elevadísimo de Viviendas... tantos y tantos factores negativos.

Y es que estas fórmulas de desarrollo han encontrado su máximo apogeo en el modelo económico que se estaba propugnando en España antes de la recesión capitalista. Un modelo basado en la construcción desaforada de inmuebles a lo largo y ancho de toda nuestra geografía y en la concesión fácil de créditos bancarios. Un modelo basado en la multiplicación constructora y en el beneficio quintuplicado de forma rápida, fácil y segura. Justo el modelo que ha quebrado y que -en estricta lógica- jamás volverá a presidir nuestra vida económica. Sin embargo, nuestros Ayuntamientos se empeñan en mantener al muerto vivo reproduciendo una y otra vez -y como un talismánico mantra- los viejos usos que -para incrementar de forma fácil las arcas municipales- resultaban efectivos hace tan sólo un par de años. Modelos urbanísticos inválidos dentro de una economía extinguida, y mantenimiento de la fórmula mágica al resistirse a creerla muerta.

El PGOU avanzado por la Corporación Municipal de San Lorenzo de El Escorial constituye un claro ejemplo de estos modelos urbanísticos sin vigencia. El anterior avance fue altamente criticado por organizaciones políticas y sociales de nuestro Pueblo. El nuevo ha replanteado el debate, si bien sobre objetivos constructores mucho más modestos que los que motivaron las primeras protestas. Sin embargo, esta menor presión constructora no supone -ni muchísimo menos- una disminución del peligro que se cierne sobre la seguridad medioambiental de nuestro Municipio ya que -como si de siniestras previsiones se tratara- el Ayuntamiento se reserva la posibilidad de construir en el futuro en zonas que, si bien no son de inmediata ejecución, son objeto de fijación futura de circunstancias legales que podrían ser aplicadas después en condiciones más favorables. Eso -entre otras cosas- es lo que ocurre con nuestro nuevo Plan... que viene a aprovechar la posibilidad de construir en pequeños espacios disponibles dentro del núcleo urbano (Jardín de las Carmelitas, Los Tilos...), así como a garantizar la posibilidad e hacerlo en el futuro, aunque ahora mismo sea esta actuación inviable por causa de la situación económica.

 En especial, eso es lo que ocurre con el famosisísimo paraje Monesterio. El mismo de nuestras esfuerzos opositores en la anterior legislatura -¿recordáis la barbaridad de las siete mil viviendas?- que ahora queda clasificado como suelo sectorizado... así parece que se está abriendo la puerta a desarrollos posteriores. No van a desarrollar ese megaproyecto faraónico, pero queda reservadito para lo que pueda pasar.

El nuevo PGOU define un futuro para San Lorenzo en todo punto alejado de la idea de pequeña ciudad que estimamos adecuada a nuestro Pueblo. Muchos de nosotros todavía seguimos queriendo vivir en un pequeño Municipio, caracterizado por el desarrollo de las empresas de servicios y del turismo, así como plenamente enmarcado en su contexto histórico, cultural y medioambiental. Nuestra Corporación no cree en ese modelo de pueblo. Avanza resueltamente hacia un sistema urbano más amplío y complejo. Sobredimensionado y -de todo punto- artificial.

Lo hemos explicado por activa y por pasiva. Ya lo dijimos en las últimas Elecciones Municipales incorporando nuestra posición al respecto en el Programa del PSLDE (el famoso Pacto por San Lorenzo). Los falangistas decimos que NO al PGOU avanzado actualmente porque desconoce -a todas luces- la peculiar característica de nuestro entorno. El conjunto escurialense fue delimitado por Felipe II como un todo armónico. Un lugar en el que se fundían -desde una óptica unitaria- los distintos elementos arquitectónicos y naturales que lo integraban. Un conjunto delimitado por varias construcciones, todas ellas plenamente inmersas en el espacio natural: Monasterio propiamente dicho, La Granjilla de La Fresneda, Navalquejigo y Casa de las Cigueñas. En realidad, se trataría -al decir de los que más han estudiado este fascinante materia- del espacio comprendido dentro de La Cerca de Felipe II. Se trata de un entorno único, el cual desaparece -en su conjunción unitaria y en su perspectiva histórica- si se lleva adelante este PGOU.

Y como este conjunto cultural se encuentra dentro de los términos municipales de distintos Ayuntamientos, los falangistas creemos -como cuestión de fondo en nuestros motivos de oposición- que nos encontramos ante la necesidad no sólo de un Plan coordinado entre distintos Ayuntamientos, sino de una proyección urbanística plenamente consciente sobre la verdadera naturaleza de nuestros espacio escurialense. Puestos a pedir... apostaríamos por un único PGOU definido entre varios Ayuntamientos y aplicable a todas las demarcaciones respectivas. Y también un Plan Intermunicipal de Protección. Tendríamos así una oportunidad única: no sólo la de preservar y proteger nuestro legado cultural, sino también la de convertirlo en una realidad viva y dinámica. Convivir con el espacio escurialense e incorporarlo respetuosamente a nuestro desarrollo. A nuestra forma de vida.

Se ha dicho que para nuestro actual gobierno municipal, el legado de la Casa de Austria como una especie de reserva sioux. Un mamotreto cultural respecto al que se tiene la pesadísima obligación de conservar sin construir, y ello en medio de un oceáno de nuevas urbanizaciones, entorpeciendo el correcto desarrollo urbanístico del Municipio. Ojeando el Avance del nuevo PGOU uno tiene la sensación de ser esa -precisamente- la concepción que se tiene desde arriba de este elemento único del mundo occidental.

Después, existen muchos y varíados motivos para decir que no. El desarrollo del paraje conocido como Miravalle o SAU II. Mediante esta serie de construcciones (para centrar al lector se trata de la Carretera que va desde El Valle de los Caídos hasta Collado Villalba) se pretende constituir un nuevo núcleo urbano separado quince kilómetros del centro de nuestro núcleo urbano originario. Esta barbaridad incrementará nuestra población, y hará necesarias nuevas dotaciones e infraestructuras no suficientemente detalladas. Un proyecto que endurece la presión medioambiental de nuestro entorno y supone la acometida de nuevas e innecesarias reformas en orden a nuestro transporte público, el casi necesario desdoblamiento de la M-600 y, en general, la consagración de un modelo económico municipal basado en el ya agotado ladrillo, pero no en nuevas políticas imaginativas de empleo y desarrollo sostenible.

Los falangistas vamos a oponernos a este nuevo PGOU de la misma forma que ya nos opusimos al anterior. Ya hemos presentado alegaciones al avance. En mayor o menor medida -y siempre de acuerdo a nuestras escasas fuerzas- nos seguiremos opondiendo a este texto en su redacción actual. Pero no se trata -en última instancia- de una cuestión política, o de algo que sólo afecte a tal o cual partido. Se trata de algo más profundo y esencial. Es la defensa de un modelo de vida... de una forma de entender nuestro entorno y de condicionar nuestro desarrollo común en el futuro. Algo que -sin duda- nos afecta a todos, y algo en lo que debemos luchar todos -sin innecesarias exclusiones- los que creamos en un modelo alternativo al planteado.

Este carácter suprapartidario de esta actuación opositora favorece la constitución de plataformas o entes colectivos de lucha ciudadana que, agrupando los esfuerzos de todos, plantean interesantes inciativas de defensa frente a la aprobación del PGOU. Tal es el caso de la llamada Plataforma Ciudadana Escurialense, recientemente constituída para coordinar las distintas iniciativas de oposición al PGOU dentro de nuestro Municipio. Claros y oscuros de esta lucha ciudadana. Porque otra vez se nos habla -por parte de este ente ciudadano- de la necesidad de que los políticos no entren en esta Plataforma. Nosotros no podemos menos que desconfíar de esta clase de afirmaciones. En primer lugar, porque el acto de redactar y de aprobar un PGOU es tan político como el acto de oponerse a él. Se trata de política en estado puro. Y en segundo lugar porque, generalmente y por desgracia, estas llamadas al apoliticismo están destinadas a impedir la entrada en estos colectivos de todos aquellos políticos que -por un motivo u otro- no merecen la aprobación de sus promotores.

Por ejemplo, los falangistas sufrimos este tipo de actuaciones discriminatorias dentro del extinto Foro Ciudadano Escurialense. En aquel Foro -y a pesar de que el falangismo serrano colaboró lealmente en sus iniciativas- entidades como Entorno Escorial proclamaban su carácter apolítico y, al mismo tiempo, vetaban la presencia en el mismo de los falangistas. Qué desperdicio en los siempre escasos recursos humanos y materiales de este Foro y que tremenda contradicción con el pretendido carácter abierto de estas entidades ciudadanas. Sobre todo cuando los mismos que te vetan no tienen ningún empacho en aparecer en la fotografía -siempre que se les llama para ello- junto a lo más granado de la extrema izquierda serrana -comunistas pulidos y sin pulir, violencia antifa, okupas- apoyando expresamente alguno de sus aquellarres. Curioso. Uno tiende a plantearse que es lo que -de verdad- preocupa a estos luchadores medioambientales: si esa suma de fuerzas en aras de un objetivo común... esa suma que nunca se cansan de predicar pero que -en ningún caso- procuran con su ejemplo o -sencillamente- la lucha más amplia por objetivos políticos de acoso a los equipos municipales gobernantes en nuestros Municipios, siendo esta faceta de rechazo a los PGOU sólo una más dentro de esta estrategia general.

 Sea como fuere, conviene a nuestra salud democrática que parte de los integrantes de este tipo de plataformas -sólo parte porque dentro de ellas hay mucha y buena gente- consigan desprenderse de esa cutre -cutrísima- capa de pelo de la dehesa que cubre sus prejuicios políticos. Tal vez así consigan darse cuenta del hecho de que esta lucha nos afecta a todos... de ser los recursos limitados y las ayudas siempre bienvenidas. Y de tratarse de una de estas raras cosas que nos unen a todos en aras de un objetivo social positivo. Mientras tanto, los falangistas de la Sierra Noroeste -una vez más y estemos solos o acompañados- lucharemos frente al PGOU de San Lorenzo.

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