ALGUNAS IDEAS PARA EL 2.011 ("EL ATRIL" DE "DIARIO DE LA SIERRA").

En nuestros Municipios -al igual que en el resto de España- puede verse, cada vez con mayor nitidez, la diferencia entre las formaciones políticas que pretenden respaldar al Sistema -con la mayúscula propia de los conceptos grandes y monolíticos- y los que pretenden transformarlo. La diferencia -sin casi punto equidistante- entre conservadores y revolucionarios. En concreto, y ciñéndonos a lo que ocurre a nuestro alrededor más directo, los vecinos serranos apoyan una u otra tendencia con mayor o menor intensidad y en todas sus opciones ideológicas posibles. Muchos políticos serranos se han dado cuenta de que hemos cerrado un ciclo histórico, mientras que otros siguen encastillados en las mismas antiguas posiciones de antes de la recesión. Lo que parece claro es que las cosas -pasado un tiempo- no serán como antes. El maremoto de la crisis está siendo tan fuerte -y ha afectado a tantos pilares fundamentales del edificio- que ya nada volverá a ser igual. Nuestro mundo está cambiando rápidamente y -y tal y como está ocurriendo en otras partes- las distintas opciones políticas serranas pueden favorecer estas transformaciones o -por el contrario- intentar ralentizarlas. En resumen, los que ofrecen nuevas ideas y los que no. Con todo lo que comporta -lo que profundamente comporta- adoptar una u otra postura.

En el fondo, todo esto no deja de ser una cuestión de imaginación. Imaginación sobre el dilema de cómo acercar -y repartir- el poder al pueblo y entre el pueblo, o de cómo continuar monopolizándolo entre unos pocos. Y en todos nuestros Municipios existen numerosos ejemplos prácticos de propuestas de uno y otro signo. Propuestas imaginativas y valientes frente a una férrea defensa del orden establecido. Precisamente, el año que viene tenemos la oportunidad de comenzar a expresar nuestra opinión desde que comenzó este desastre. Justo en nuestro entorno más cercano, una muy buena oportunidad de hacer del ámbito municipal un motor para el cambio.

Listas para el cambio. Candidaturas verdaderamente alternativas frente al aburrimiento que asalten los reductos de un orden político caduco. En menos de un año, yo creo que toda teoría al uso sobre la adecuada gobernación o sobre la marcha de nuestra economía ha quedado anticuada. Con la velocidad de quien huye, nuestros políticos han sido arrinconados sin piedad por la fuerza de los acontecimientos. Desempleo creciente y estrechez en las economías familiares. Y lo peor no es esta mala situación evidente. Con esfuerzo paciente podría afrontarse el sacrificio siempre que existiera una luz tras el tunel. Una ilusión que nos uniera -a todos- en esta época de privación y de falta de recursos. Nuestros máximos responsables no saben darnos esa ilusión. O no pueden. Porque -la verdad y como casi todos nosotros sabemos- tampoco saben demasiado bien qué hacer. Salvo ir poniendo parches y seguir comportándose como si no pasara nada.Todo menos reconocer que la situación les ha desbordado casi desde sus mismos inicios.

Se ha tocado el sálvese quien pueda, y unos, otros, estos y aquellos llevan -llevamos- corriendo varios meses en distintas direcciones dictadas tan sólo por el miedo. Fracasadas las políticas económicas institucionales, el núcleo de la lucha se traslada a las maltrechas economías domésticas. Como pueden -y muchas veces sin poder- las familias españolas van sobreviviendo. Cubriendo gastos día a día hasta que -sencillamente- ya no pueden más. Una eterna cuesta arriba económica y personal que parece no tener fin. 

Pero este caos pudiera -en uno de esas extrañas conjunciones de fuerzas históricas- derivar en una nueva sociedad. La confusión  como posibilidad de cambio positivo y de alumbramiento de un nuevo modelo social. Siempre y cuando supiéramos -efectivamente- a dónde vamos en medio de la niebla. Cuando existe un objetivo común -cuando los dirigentes de un país han sabido definir ese objetivo e ilusionar con él a una amplia mayoría ciudadana- nos encontramos ante uno de esos estados de gracia que determinan verdaderos procesos históricos. Transformaciones sociales que resuelven -en sentido positivo- los conflictos que afectan gravemente a las naciones. De esta forma, nuestra actual pobreza podría constituir el primer ladrillo de nuestra reconstrucción nacional. Sin duda, podría darse sentido a tanto sufrimiento: a tantos dramas personales que han terminado por convertirse en un estado de generalizada tristeza.

En 1.940, el Imperio Británico había sido arrinconado por el empuje de los Ejércitos del Eje. Los años de entreguismo pactista del Primer Ministro Chamberlain habían sumido a la nación en el miedo y en la desesperanza. En todo el mundo se daba por hecho el desembarco alemán en las Islas Británicas y la consiguiente victoria relámpago de sus Divisiones Panzer. Sin embargo, el Imperio resistió. Churchill supo pulsar las cuerdas sensibles del pueblo británico, inyectándole voluntad de luchar. De no rendirse y de movilizar todos los recursos disponibles en busca del objetivo común de la victoria. Y de esta forma -de entre los incendios del Londres bombardeado- podían vislumbrarse los cimientos de una nueva etapa histórica en Europa. Luz después de túnel negro de la adversidad y del desastre. Porque ese fue uno de los grandes aciertos de Winston Churchill: no sólo organizar la resistencia a ultranza frente al duro enemigo sino también -y como elemento inseparable del primero- liderar un auténtico rearme moral de los británicos. Luchar y conocer las exactas razones de la lucha.

Los españoles necesitamos exactamente lo mismo. No basta con tener voluntad de resistencia. No basta con sobrevivir mes a mes en medio de este cataclismo económico, ni sufrir los duros avatares de un empobrecimiento progresivo. Esa es sólo una de las facetas de la cuestión. Necesitamos un conjunto de ideas que den sentido a esta durísima lucha. Que esta batalla por nuestra supervivencia sirva para poner la primera piedra de la transformación del sistema. La primera fase de la Revolución. La ruptura del siempre inestable equilibrio capitalista nos ofrece la oportunidad de rehacer las relaciones básicas sobre las que se sustenta este viejo armatoste. En caso contrario, todo este sufrimiento no habría servido para otra cosa más que para reflotar el orden viejo. Un sistema injusto reinventándose a si mismo sobre la base de un empobrecimiento general.

Pero la recesión capitalista puede traernos varias consecuencias positivas. La primera -y fundamental- es que podemos transformar profundamente la sociedad que nos ha tocado vivir. Luchar por un sistema más justo del que debemos definir sus ejes esenciales. Entre estos ejes, y como premisa fundamental del cambio, estaremos ante una sociedad más solidaria estrechando lazos ante la adversidad. Definir los objetivos inmediatos del cambio social. Esperanza en el porvenir entre el miedo y el desempleo, entre la falta de expectativas y la realidad tenebrosa.

Y como primer embate de este dilema, nos encontramos ante unas Elecciones Municipales en Mayo de 2.011. Somos muchos los que creemos que cualquier iniciativa política revolucionaria encontrará su cauce más idóneo en la cercanía de lo próximo. La posibilidad de aplicar directamente políticas de transformación en el entorno más cercano. La primacía de la política municipal sobre las grandes políticas estatales que -día a día- van perdiendo sentido ante la inacción del poder central. Los falangistas creemos que sigue vigente la trilogía en la que hemos centrado reiteradamente el carácter de la acción municipal: como instrumento revolucionario de aplicación de medidas directas, como primer escalón participativo y democrático y como elemento orgánico de organización de nuestra opción política. La actual situación económica y social nos ha venido -en esto como en tantas otras cosas- a dar la razón sobre la urgencia de dotar de contenido efectivo a este triple carácter.

Es el momento de constituir grupos municipales fuertes dentro de nuestras Corporaciones. Grupos propios frente a los grupos políticos mayoritarios de siempre. Aquellos que sostienen la viabilidad del Sistema frente a los que ya no creemos en la misma: entrar en los Ayuntamientos como un posible primer paso de la Revolución. Intentar hacer algo. Y pronto.

A mí modo de ver, los falangistas debemos colaborar a la formación de frentes políticos amplios. Candidaturas integradas por personas que, aunque tuvieran una distinta procedencia ideológica, coincidieran en la necesidad de transformar profundamente el sistema capitalista. Partiendo de esta idea central, se trataría de Candidaturas formadas por personas agrupadas en torno a un conjunto de propuestas de acción revolucionaria. Porque existen algunos puntos de formulación insoslayable que, por sí mismos, son plenamente capaces de aglutinarnos. Estos puntos podrían ser definidos de la siguiente forma.

LISTAS REPUBLICANAS. En nuestros Municipios deben existir Candidaturas que -de forma inequívoca- se pronuncien por la forma republicana de Estado como primer paso hacia una efectiva profundización de nuestras libertades. Sustituir la Monarquía por una forma de gobierno más democrática, moral y transparente.

LISTAS ALTERNATIVAS, en el sentido de propugnar una sustitución del orden capitalista por un modelo más justo, equitativo y solidario, estimando indispensable un cambio en la titularidad de los medios de producción al objeto de hacerla recaer sobre los propios trabajadores. De esta forma, las formaciones de carácter revolucionario en nuestros Pueblos se caracterizarán siempre por defender una transformación profunda de las actuales formas de relación entre capital y trabajo.

LISTAS SINDICALISTAS, que agrupen a los que creemos que el Sindicato no sólo debe ser un instrumento de lucha frente al orden capitalista -rechazando la concepción pactista del sindicalismo mayoritario y subvencionado- sino que constituye el futuro núcleo de la organización económica y política nacional.

LISTAS POR UNA BANCA NACIONAL, que pretendan la sustitución del actual modelo bancario privado por un sistema de banca pública exclusiva, en la línea de lo que nosotros -desde nuestras casi primeras formulaciones doctrinales- denominamos sindicalización de la banca. Banca como servicio a los trabajadores y no como negocio plutocrático.

LISTAS DEMOCRÁTICAS, cuyos integrantes pretendan una profundización radical en nuestros derechos y libertades, mediante un absoluto incremento de la participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos. Ciudadanos que crean necesario fortalecer los instrumentos políticos de participación directa, como medio de extender a todos el ejercicio del poder así como de evitar su actual monopolización por unos pocos. La Revolución se entendería como el instrumento más eficaz de hacer efectivos derechos ciudadanos primordiales: trabajo, vivienda o cultura.

LISTAS MEDIOAMBIENTALES, ya que nuestros Municipios requieren de una férrea política de control urbanístico, con la sola finalidad de evitar una urbanización desmesurada y una construcción irracional. Vecinos que propugnen políticas de sostenibilidad frente al actual modelo urbanístico serrano.

LISTAS MUNICIPALISTAS, a través de las cuales de defienda un Ayuntamiento libre, independiente y soberano: un instrumento de transformación social directa y un órgano de poder popular. Ciudadanos que conciban al Municipio como pilar fundamental de una futura sociedad, y que transformen su funcionamiento desde la doble perspectiva de participación y transparencia.

Nunca se ha hecho más patente el divorcio entre una clase dirigente -inmoralmente preocupada por perpetuar sus privilegios y sus cargos en medio del naufragio- y una inmensa mayoría -a veces silenciosa y a veces no tanto- cuya preocupación básica es la de simple subsistencia de un mes para otro. Dos líneas que discurren paralelas, y un espacio entre ellas que cada vez se va haciendo más grande. Las fuerzas políticas se dividen -hoy más que nunca- entre las que propugnan estas transformaciones y las que quieren que todo siga como está. En el fondo, nunca nada ha sido más sencillo y nítido que esto. Los que quieren cambiar y los que no. Opciones tradicionales frente a alternativas revolucionarias.

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OTRA DE MEMORIA HISTÓRICA EN FONDO ROJO Y NEGRO ("EL ATRIL" EN "DIARIO DE LA SIERRA").

El nacionalsindicalismo nació atrapado entre el odio y la incomprensión de la derecha y de la izquierda. Simbolizamos una España que no pudo ser. Porque Falange -a pesar de lo que se cuenta en nuestras Aulas y en nuestro muy subvencionado y complaciente Cine- fue otra de las víctimas de la Guerra Civil. Como movimiento político, pretendió ocupar un espacio propio dentro de la legalidad republicana pero -precisamente porque aquella legalidad republicana saltó hecha pedazos- ello no fue posible. Obligados por las feroces circunstancias a apostar por el rojo o por el negro, nosotros apostamos por el negro. Nos trituraron. Los unos a golpe de bala, tortura, paredón y chequismo. Los otros -básicamente- a golpe de Decreto, aunque de lo otro -nuestra ración de paredón- tampoco nos faltara entre los alzados. Al final -entre unos y otros- todos nuestros principales responsables y fundadores habían muerto, al igual que la mayoría de nuestros primeros afiliados. Y no sólo habían muerto las personas. También el partido había muerto en Abril de 1.937 por causa de los Decretos de Unificación del Caudillo.

Lo que quedaba -como símbolo triunfante de los vencedores- era aquello del Movimiento Nacional. Camisas azules y yugos y flechas, pero nada acerca de la nacionalización de la Banca, de la Sindicalización de nuestra economía, de la autogestión, de la Reforma Agraria o de la atribución de la titularidad de los medios de producción a los trabajadores. Una cáscara hueca con apariencia de falangismo pero sin falangismo. Falangistas dentro de un Estado que se alejaba -día tras día y de forma dolorasamente visible-  de sus propios principios políticos. Temas recurrentes de nuestra opción política, y viejas cicatrices que sólo a nosotros importaban.

Memoria Histórica. Cuando hemos trabajado sobre esta cuestión de actualidad indiscutible -pertenecí a la comisión falangista que acudió a La Moncloa para tratar sobre ello, desde nuestra perspectiva, en los trabajos de redacción de esta discutidísima Ley- resaltábamos la circunstancia atípica de ser una fuerza política que había sufrido persecución desde los dos bandos en lucha. Persecución, atentados, muerte y procedimientos ilegales en la fase republicana de preguerra. Prisión, muerte y martirio en la Zona Gubernamental. Disolución legal, persecución y muerte bajo el Gobierno de Burgos.

Aparentemente vencedores pero profundamente marginados, divididos y perseguidos. Metáfora viva de la nueva España que nació tras la Victoria de 1.939. Viejas historias que guárdabamos en nuestro peculiar macuto, y que sólo nos interesaban ya a nosotros. Al menos hasta que cobró vigencia la Ley de Memoria Histórica traída de la mano del PSOE de Zapatero en el Gobierno. A partir de aquí, recibimos noticias relativas a la Guerra Civil y al Régimen de Franco con inusitada frecuencia. Se desempolvaban las Banderas de nuestros Padres, muchas veces sin el mismo respeto con las que se guardaron.

Ahora le ha tocado a la Querella de Falange Española de las JONS contra Garzón y al denominado cierre del Valle de los Caídos.

Parto de la base de que no me gusta -en absoluto- la Querella de Falange Española de las JONS contra el Magistrado Garzón. Como profesional del Derecho, considero un valor supremo -en sí mismo y con las lógicas excepciones- el de la independencia de los Jueces. Me gustaría pensar que en la España del Siglo XXI los Jueces emiten sus Resoluciones libremente, y sin ningún temor a ser perseguidos a posteriori por causa de sus decisiones. La Ley garantiza extensamente nuestra cobertura frente a decisiones injustas o contrarias a Derecho. Escribo esto guíado por mi convencimiento general de las cosas, pero no del caso concreto. No conozco suficientemente la Causa frente a Garzón como para pronunciarme, si bien conozco la sobrada pericia profesional tanto de los letrados de las dos entidades inicialmente querellantes, las que han abierto el proceso, como del Defensor de Garzón. Duelo de profesionales sólidos que augura un fascinante enfrentamiento procesal. Y a esta guerra ya abierta es donde llega -con posterioridad- la Querella de Falange Española de las JONS. A posicionarse al lado de los acusadores.

Decimos que dejando al margen -porque no la conozco- su eventual fundamentación jurídica y fáctica, lo cierto es que encuentro esta iniciativa procesal oportunista y meramente instrumental. Resulta que esta acción penal fue interpuesta tan sólo unos días antes de una Asamblea General del Partido que tenía por punto básico -y fundamental- la ratificación en la gestión del eterno Diego Márquez Horrillo, quien lleva al frente del Partido ininterrumpidamente... ¡¡¡desde 1.983!!!.

Y si seguimos considerando que todo el año 2.009 ha sido tormentoso -por utilizar un término amable- en lo tocante a la situación interna del Partido y en lo que afecta -precisamente- a los intentos de la Oposición para democratizar los usos de gestión y gobierno de Márquez y de su Junta Nacional -la famosa corriente interna REGENERACIÓN 2.009- no resulta descabellado creer que esta Querella no es sino un mecanismo más de reforzamiento de la posición política de sus órganos dirigentes. Una Querella Criminal cara a la galería y de exclusivo consumo interno.

La interposición de esta acción vendría a demostrar -a los militantes de base de la organización- que su Junta Nacional es capaz de tomar la iniciativa poniendo en serios apuros -además- a un personaje mediático y tan popular como lo es el Magistrado. Por si esto fuera poco, tampoco resulta desencaminado creer que esta Querella se dirige a establecer cierto liderazgo dentro del atomizado universo falangista presentando -ante todos nosotros- una imagen de Falange Española de las JONS como valedora de los derechos del nacionalsindicalismo ante las Instituciones del Estado. Aquí estamos Camaradas. Firmes frente al Estado. Los únicos y los primeros.

A mí toda esta movida no me convence. Estoy convencido del hecho de ser esta Querella un instrumento de política interna: de reforzamiento del sector oficialista frente a una creciente contestación interna, cuyo interés real en el presunto carácter prevaricador del Juez Garzón es limitado o nulo. Y ello con independencia de los presupuestos legales de esta acción que, por lógica, no me son conocidos. Lo que sí conozco -y de sobra- son las circunstancias políticas de esta iniciativa procesal, y a ellas me remito.

Todo este asunto adolece de una cierta precipitación, posiblemente derivada de la circunstancia de tener que ser presentada aceleradamente por las razones apuntadas. Precipitación y una gran dosis de imprevisión, tal y como demuestra el hecho de no haberse contemplado la circunstancia de la caución económica que el órgano instructor iba a solicitar al admitir a trámite la Querella de marras. Esta imprevisión hace que Falange Española de las JONS haya tenido que organizar una acelerada campaña en solicitud de la suma de los seis mil euros, fijados para ello por el Instructor, algo que -de manera evidente- no casa demasiado bien con la idea de una acción legal diligentemente encargada y planificada por la organización querellante. Reunir el dinero antes de interponer la acción, o tener la previsión de que el Instructor se lo va a pedir. Es así de sencillo. Salvo que se piense que esta acción procesal no va a ser admitida, la necesitemos para otros menesteres y -de repente- nos encontremos de cara con el problema de su admisión a trámite y de los gastos subsiguientes.

Y es que los más viejos del lugar no podemos menos que sonreír cuando vemos a estos singulares personajes presentarse como adalides de nuestra Memoria. Hasta el momento de la ya famosa querellita, no es que hayan hecho demasiado al respecto. Es más, siempre se han hegado de adoptar una respuesta común frente a lo que podía significar la Ley de Memoria Histórica. Son los mismos que dieron la espalda a la Comisión que acudió a La Moncloa a defender las posiciones falangistas frente a la Comisión Interministerial que se estaba ocupando de redactar el texto de esta Ley. Posteriormente, también dieron su negativa expresa a constituir un grupo de abogados que -por encima de los distintos partidos y grupos falangistas y de ámbito nacional-  se dedicara exclusivamente a la defensa de nuestra Memoria frente a las eventuales actuaciones arbitrarias de las Administraciones y que pudieran afectarnos.

Dos ejemplos que nos indican el absoluto desinterés político que, sobre esta concreta cuestión, ha demostrado por el sector de Diego Márquez. Al menos hasta que descubrió lo políticamente rentable que podía resultar interponer esta acción penal contra Garzón. En un procedimiento que -por lo demás- ya estaba iniciado por entidades absolutamente alejadas del nacionalsindicalismo (el Sindicato Manos Limpias y la Asociación Identidad y Libertad) y que, por descontado, ni han agradecido esta actuación ni -muchísimo menos- la desean. La representación procesal de estas entidades ya ha manifestado ante el Instructor expresamente su rechazo a esta iniciativa forense. Dudo mucho -por otra parte- que haya existido ni tan siquiera un contacto previo con los otros querellantes -o con sus abogados- al objeto de planificar adecuadamente este movimiento jurídico. 

Así no. Así yo no quiero jugar. La Memoria Histórica del nacionalsindicalismo -y de los nacionalsindicalistas- puede y debe defenderse de manera distinta, y no desde procedimientos penales abiertos por otros también para otras finalidades. Y sin aprovechar esta cuestión para sacar pecho y servir a fines cuanto menos extraños. A los efectos de reivindicar nuestra Memoria, nos es lógicamente indiferente si Garzón prevarica o no. Porque lo esencial es emplear mecanismos propios y específicos a este fin, y ello con imaginación y constancia en el tiempo. Fuegos artificiales frente a un trabajo serio y ordenado.

Yo siempre he creído en las posibilidades que la propia Ley 52/2007 ofrece a los falangistas para -mediante una utilización inteligente de este texto legislativo- la defensa y el reconocimiento de aquellas situaciones personales y colectivas que así lo requieran. Seguro que son posibles otros. Es cuestión de reflexionar detenidamente sobre ello, y no de avalanzarnos sobre cualquier acción penal ajena que pase por delante. Querella falangista frente a Garzón y cierre del Valle de los Caídos. Los últimos dos capítulos de esta cada vez más truculenta cuestión de la Memoria Histórica.

El problema de la reparación moral y material de los muertos y perseguidos del bando republicano lo había ido resolviendo la Transición con una amplísima legislación normalizadora de sus situaciones. Los aspectos económicos recogidos en la Ley de Memoria Histórica podrían haber sido objeto de una normativa independiente, que se hubiera unido al conjunto de disposiciones que antes hemos citado. Se trataba de una ley innecesaria en su conjunto, la cual era -en origen- menos agresiva en sus postulados rectores, los cuales tuvieron que ir radicalizándose a medida que se necesitaba el apoyo de la izquierda para su aprobación parlamantaria.

Nosotros -como falangistas- no nos hemos opuesto jamás al recuerdo honorable de los Muertos de España. Todos tienen derecho a ser honrados, del mismo modo que todos tenemos derecho a honrarlos. Nunca nos hemos opuesto a la Memoria, y eso desde muchísimo antes de que estuviera vigente esta legislación absurda. El problema esencial de la Memoria Histórica es que ha impuesto un camino de una sola dirección, absolutamente acorde con una versión maniquea de la Historia de España. Lo que pasa con las versiones maniqueas es que -además de ser, por regla general, falsas e incompletas- contribuyen a que la herida no se cierre. Girar siempre sobre nuestro eje sin un mínimo criterio de grandeza ni de altura de miras.

Eso es lo que está ocurriendo en esta cuestión que -a veces- alcanza ribetes surrealistas en nuestra mejor tradición del humor negro. Como el caso de aquella fosa descubierta en Alcalá de Henares con decenas de restos humanos -aquella que se decía que pudiera corresponder al enterramiento de Andreu Nin- y de la que nadie quiere hacerse cargo porque los muertos allí enterrados no lo han sido en el Bando políticamente correcto. O el del cuerpo del genial Lorca, no aparecido en dónde debía estar según los cálculos del asombroso Ian Gibson. O el de un gran número de generales olvidados que -tan sólo por su pertenecia al Ejército- se han visto sumergidos por este torbellino revisionista y se han quedado sin su Calle a pesar de no haber intervenido en la contienda. O la de aquellos falangistas que -no siendo conocidos por los miembros de la Corporación de turno- siguen teniendo alguna Calle o Plaza sin problemas. Casos más o menos anecdóticos que nos muestran -por encima del sano cachondeo español- el nítido fondo de irracionalidad y de injusticia que se nos muestra en esta cuestión.

Existe un amplio sector de falangistas al que no nos gusta el Valle de los Caídos. Lo entendemos -en sí mismo- como una obra monumental y faraónica absolutamente alejada de la verdad del nacionalsindicalismo. Nosotros -que estamos propugnando una vía política alternativa, sencilla, popular y revolucionaria- nos vemos irremisiblemente encadenados a esta grandiosa y desmedida obra de exaltación estética y religiosa. Por eso, no perdemos la ocasión de solicitar públicamente la salida de allí de los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera. El último preso del franquismo, le hemos llamado en un Manifiesto hecho público en el 2.009 pidiendo su traslado a espacio más sencillo y familiar.

Porque su presencia allí no resulta demasiado coherente con su vida y su obra, y porque tampoco resulta -crueles paradojas de la Historia de España- demasiado acertada la circunstancia de compartir un lugar de respeto con el General que -al tiempo que ponía fin a la vida independiente del nacionalsindicalismo como fuerza política independiente y soberana- usurpaba nuestros símbolos y nuestra doctrina, en uno de los fraudes políticos -un timo mucho más grande que el propio Cuelgamuros- más llamativos del ya pasado Siglo XX. El Fundador enterrado al lado de quién se dedicó -concienzuda y sistemáticamente- a finiquitar el nacionalsindicalismo durante y después de la Guerra Incivil.

Como es sabido, a muchos falangistas no nos gusta el Valle de los Caídos. Sin embargo, nos preocupa el hecho de su cierre, como prueba evidente de la existencia de una cierta Policía del Pensamiento tendente a imponernos una determinada interpretación de la Historia. Por ejemplo yo -como republicano confeso y convencido- podría pedir el cierre del Palacio Real de Madrid o del Monasterio de San Lorenzo, porque se trata de estandartes arquitectónicos evidentes de la Casa de Borbón y de la de Austria, instituciones ambas asentadas en nuestra Historia sobre un rosario inacabable de guerras, muerte, persecución del disidente y demás lindezas propias de un gobierno antidemocrático... ¿a qué suena absurdo?

El problema planteado es mucho más profundo que el cierre temporal -o permanente- del Valle de los Caídos. Se trata -nada más y nada menos- de establecer criterios racionales de estudiar y entender la propia Historia. De replantearnos la forma en la que estamos tratando esta cuestión desde todos los puntos posibles de vista, ya sean políticos, científicos, culturales o meramente históricos. Sin tergiversaciones ni falseamientos conscientes de estos durísimos acontecimientos pasados. Las claves de ello son la normalidad y el respeto pero -mucho nos tememos- que esta asignatura la estemos suspendiendo.

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FRENTES AMPLÍOS COMO ALTERNATIVA VIABLE EN NUESTROS PUEBLOS ("EL ATRIL" EN "DIARIO DE LA SIERRA").

No recuerdo dónde lo leí el otro día. Sin duda, en algún Medio Digital de nuestra Sierra. Se decía que el año que se va de 2.009 se ha caracterizado -precisamente- porque no ha pasado nada en nuestro rincón del mundo. Ninguna noticia de importancia ha venido a alterar el equilibrio de poder existente en los Municipios del entorno serrano. Y es que el 2.009 no ha podido ser más anodino en este punto. Se dice que la política serrana es aburrida. Sin embargo, yo no lo creo. Todo lo más... es que está aburrida. Como en tantas y tantas cosas de la vida, es muy importante el tiempo en que se usen los verbos ser y estar.

Los falangistas creemos que la política municipal nunca es aburrida. Porque -y dejando al margen las distintas concepciones que cada uno tenga sobre el papel del Municipio en la vida nacional- la aplicación práctica de las propuestas políticas de los respectivos partidos tiene una mayor viabilidad en aquellos Municipios que -siendo de pequeña extensión como son la mayoría de los nuestros- permitan su efectividad sin las limitaciones y dificultades propias de las grandes Ciudades. Así es imposible el aburrimiento, ya que existe un margen muy amplio de posibilidades de actuación. Política práctica y próxima para solucionar problemas cercanos.

Lo que ocurre en nuestros Municipios -lo que realmente hace aburrido el panorama político serrano- es que las Corporaciones suelen estar dirigidas por gobiernos de mayoria absoluta. Mayorías absolutas -generalmente pertenecientes al Partido Popular- que han monopolizado el ejercicio del poder desde hace lustros. Opciones políticas mayoritarias cuyos óptimos resultados electorales no han permitido la alternancia.

Estos reiterados triunfos han formado un conjunto de gobiernos inamovibles perpetuados en el tiempo. Sólidas rocas monocolores contra las que se estrellan todos los intentos de la oposición para dar un vuelco a la situación. Esta inmutabilidad hace que nuestros procesos electorales se conviertan -muchas veces- en meros trámites legales que -cada cuatro años- tan sólo sirven para convalidar -una vez más y monótonamente- la situación política existente en cada uno de nuestros Pueblos.

Ante este hecho incontrovertido, las fuerzas de la oposición no han sabido sino repetir constantemente los mismos esquemas de acción política. El modelo prototípico de situación política en la Sierra es el de un gobierno del Partido Popular dotado de mayoría absoluta frente al cual -casi siempre a más que notable diferencia- se erige una oposición de izquierda dividida entre el PSOE e Izquierda Unida. También existen -aquí y allá- formaciones políticas independientes dotadas de representación en los Consistorios. El conjunto de estos partidos no ha sabido dotarse de un margen adecuado de maniobra que permita apartar del poder municipal a los populares. Esta falta de visión estratégica, en definitiva, no es otra cosa que el reflejo serrano de la crisis general atravesada por las distintas opciones de izquierda -desde hace tiempo ya- dentro de la Comunidad de Madrid, así como de la innegable crisis de imaginación que afecta a todas las fuerzas políticas, sea cual sea su concreta adscripción ideológica.

En realidad, y como en todo acontecimiento humano, son posibles dos vías de actuación. Puro perogrullo. O se sigue como hasta ahora o se buscan soluciones nuevas e imaginativas. Como también es puro perogrullo decir que no se debería seguir insistiendo en las líneas estratégicas actuales porque -de hacerlo- se seguirá dejando el poder municipal en manos de quien lo ha detentado hasta este mismo preciso momento. En política, deberíamos tener la costumbre de no repetir esquemas que se han demostrado inoperantes.

Las distintas izquierdas serranas se han mostrado, por sí solas, plenamente incapaces de constituir una alternativa sólida al Partido Popular en nuestros Municipios en su conjunto. Los distintos partidos independientes no pueden -con muchísima más razón- dar en solitario esta batalla. Lógicamente -y como espero que hayáis entendido- me estoy refieriendo a aquellos Municipios en los que -siendo la mayoría absoluta del Partido Popular aritméticamente abrumadora- deja muy poco margen de actuación a las distintas fuerzas de la oposición. Es en estos casos en los que cabe plantearse la definición bien de vías tradicionales de actuación o bien de vías alternativas.

Existe una vía tradicional de plantear esta batalla, basada en el despliegue de las propias fuerzas de cada uno. Las respectivas fuerzas políticas opositoras pueden plantear su Programa por separado y de forma independiente. Concurrir a las Elecciones Municipales confíando en sus propias fuerzas y tirando cada uno del carro que le toque en Mayo de 2.011. A mí modo de ver, esta solución es un desastre. Nos conduce -de forma irreversible- a reproducir -casi idénticamente- los sucesivos resultados anteriores. Nos estrellaremos contra el muro de sus mayorías absolutas. De cabeza y sin remedio.

Sin embargo, tenemos una vía alternativa. Una vía que los falangistas de la Sierra Noroeste no nos hemos cansado de propugnar. Por supuesto, sin demasiado eco. Una solución basada en la organización de frentes municipales de base amplia, cimentados en torno al consenso alcanzado respecto a un conjunto de materias esenciales. Frente a una fuerza política monocolor e indiscutiblemente sólida -como es el Partido Popular a nivel local en nuestros Municipios- nosotros podríamos oponer coaliciones. Propuestas de muy amplia base democrática que pudieran -de forma también sólida- ofrecer a nuestros vecinos una visión alternativa al modelo popular propuesto. Fuerzas unidas a través del diálogo previo -y de los acuerdos subsiguientes- sobre asuntos de interés esencial para nuestro Municipio.

La finalidad política de esta propuesta no puede ser más clara. El Partido Popular se apoya en la existencia de un previsible número de votos que, bien determinado, corresponde a cada una de las formaciones políticas opositoras. Ellos saben cuántos votos aproximados va a obtener cada uno y dónde. Se trata del denominado techo de los respectivos partidos políticos concurrentes al proceso electoral. La constitución de Listas Electorales en la forma y condiciones que nosotros estamos propugnando permitiría superar cada uno de nuestros techos respectivos con los votos de los demás miembros coaligados. Apoyarnos los unos en los otros no sólo para tener más votos -extremo éste ya de por sí importante- sino para tener más fuerza. Más opciones para formar gobierno. La perspectiva de una oferta política de esta clase resulta -cuanto menos- muy a tener en cuenta como posibilidad a contemplar. Una oferta de amplio espectro que se dirija a todos los sectores de nuestros Pueblos, y no sólo a los de determinado segmento ideológico. Una propuesta capaz de enlazar a grupos de electores que piensan habitualmente distinto, pero que coinciden en algunos extremos esenciales. Los suficientes para desear un cambio en las mayorías actuales de gobierno.

Los problemas en torno a los cuales podríamos llegar a sencillos acuerdos son diversos y muy actuales. Creo que podrían resumirse por medio de dos grandes apartados. De un lado, aquellos puntos políticos basados en la necesidad de incrementar la participación democrática en nuestros Ayuntamientos. De otro lado, aquellas cuestiones derivadas de la exigencia de un crecimiento urbanístico más racional y sostenible. Por tanto, los acuerdos podrían adoptarse -perfectamente- en relación a dos ejes fundamentales: mecanismos de participación y formas de defensa medioambiental.

Existe una amplísima gama de formaciones políticas serranas -que van desde las distintas variedades de izquierda, falangistas, independientes hasta las listas ciudadanas de matiz diverso- que hemos basado nuestra propuesta municipal en torno a una profundización de los resortes de participación y representación municipal. El Municipio no sólo sería un marco ideal para el desarrollo de estos instrumentos de participación vecinal sino que sería -asimismo- un primer escalón representativo de carácter directo y cercano. El Municipio como núcleo social vivo y dinámico, concebido no sólo como un mero ente administrativo, sino como un instrumento de transformación social. Esta doble consideración del Municipio podría tener una sencilla traducción política mediante la incorporación de los ciudadanos a las tareas de gobierno local. Mesas y Consejos, presupuestos participados, Reglamentos de Participación Ciudadana abiertos y flexibles, o establecimiento de consultas vinculantes y no meramente consultivas. No existiría problema alguno para acordar una serie de propuestas electorales basadas en este incremento democrático. Sobre todo entre formaciones políticas que -por separado y bajo siglas distintas- estamos propugnando conceptos similares o idénticos.

Y mucho más podemos decir de aquellas líneas de actuación medioambiental que muchos de nosotros llevamos años defendiendo. Profundamente contrarias al modelo urbanístico propugnado en nuestra Sierra por el Partido Popular, nuestras ideas han encontrado un adecuado cauce de expresión por medio de la oposición al Texto del PORN Guadarrama, así como por la mayor o menor lucha que, en el seno de nuestros Municipios, cada uno ha desarrollado frente a los distintos PGOU propuestos por los actuales equipos de gobierno local. Existirían espacios de coincidencia de fácil hallazgo: una base programática común que nos permita formular un modelo urbanístico de contenido alternativo al actualmente propugnado y desarrollado por nuestros gobiernos locales. Un modelo basado en los principios del crecimiento sostenible y en el correlativo rechazo a la cultura del ladrillo. Hemos sido muchos lo que -durante las últimas legislaturas- hemos alzado nuestra voz frente a este desmesurado desarrollo urbanístico, y muchos también los que hemos propugnado sistemas económicos locales fundamentados en pilares distintos de los que se derivan de la simples actividades constructoras.

Someramente mencionados estos dos extremos, no creo que resultara una tarea demasiado compleja la de alcanzar un acuerdo de mínimos que garantizara una candidatura de amplio contenido y de composición extensa. Una Lista que -en cada Pueblo- fuera capaz de englobar un espectro muy amplio de fuerzas políticas y sociales, construyendo una oferta electoral ilusionante frente al rodillo en el poder. Partidos de izquierda e independientes, así como personas sin afiliación política concreta, unidos por el vínculo común de la profundización democrática y de la defensa medioambiental.

Ante esta perspectiva, tan sólo encuentro una clase de dificultades de, tal vez, difícil solución. Aquellas que tienen su origen en los prejuicios políticos y sociales o -de igual forma- aquellas que encuentran su raíz en un excesivo -y a todas luces inmaduro- personalismo electoral. Además, debemos contar con las grandes directrices electorales de contenido general de los grandes partidos, dictadas por sus órganos nacionales y de incuestionable aplicación en todas sus agrupaciones locales. No deberíamos rendirnos ante estos posibles inconvenientes. Muy al contrario, deberíamos sentarnos y -al menos- debatirlos. Los políticos locales deberían tener la suficiente cintura política como para poder llegar a acuerdos preelectorales sin que ello suponga un drama personal o -lo que sería peor- una irremediable pérdida de identidad política o una renuncia vergonzante a los propios postulados ideológicos. Ser capaces de superar nuestra estrechez de miras y de buscar -entre todos- soluciones posibles.

Esto es posible. En la Sierra hemos ensayado ya gobiernos locales de esta clase, si bien en el caso de referencia se trató -mejor dicho- de acuerdos postelectorales, y no de planteamientos previos a conocer los resultados definitivos de los comicios. Estoy hablando de Galapagar, pueblo en el que -bajo la Alcaldía de Carmen Toledano del PSOE- consiguieron agruparse varias formaciones políticas para formar gobierno y plantear una alternativa seria al Partido Popular. Esta interesantísma experiencia política -que abarcaba un amplísimo espectro ideológico dentro del fragmentado escenario de Galapagar- resultó fracasada a partir de dos clases de motivos: las tensiones internas entre los miembros de la coalición y la presión externa ejercitada por la dura oposición del Partido Popular. Estos condicionantes motivaron el final de este breve gobierno de consenso, y el regreso a Galapagar del Partido Popular al frente del Consistorio.

A mi modo de ver, el defecto de este gobierno cuatripartito ha residido en la falta de cohesión interna, producida por una cierta precipitación a la hora de asumir funciones de responsabilidad. Es como si, habiendo comprobado aritméticamente la posibilidad de formar gobierno, se hubiera pisado el acelerador a la hora de formarlo, dejando al margen muchas diferencias que -existiendo evidentemente entre los miembros de esta coalición- han acabado por explotar pasado un tiempo. A todos nos ha dado la impresión que el equipo de Carmen Toledano hubiera podido mantenerse si estas contingencias se hubieran debatido y solventado con la suficiente antelación, y no en momentos posteriores. Un Programa Político anunciado y explicado durante la campaña electoral hubiera evitado -sin duda- muchos de los problemas que después se tuvieron.

Sin embargo, el ejemplo ofrecido por las fuerzas políticas de Galapagar ha sido muy interesante. Ha demostrado una encomiable flexibilidad de las formaciones políticas del Municipio, y nos muestra un camino correcto de actuación. Sobre todo para los que creemos que sólo Listas Electorales de entendimiento y de consenso pueden ofrecer alternativas válidas al monolítico Partido Popular de nuestra Sierra. Sobre todo cuando -como es el caso de casi todos los que hemos estado haciendo oposición en la medida de nuestras posibilidades- resulta que uno de nuestras máximas quejas acerca de la situación política existente ha sido -precisamente- esa: la de la falta de consenso, debate y análisis conjunto entre gobierno mayoritario y fuerzas de la oposición. Si estamos preconizando el consenso a la hora de gobernar... ¿por qué no comenzamos practicándolo nosotros antes? ¿tan difícil es ponernos de acuerdo para ofrecer a nuestros ciudadanos un proyecto alternativo ilusionante? ¿podéis imaginaros el enorme potencial -electoral primero y transformador después desde el gobierno- de una oferta política de base amplia? ¿tendremos que contemplar -otra vez en el 2.011- una nueva victoria abrumadora del Partido Popular y una ratificación ciudadana de los mandatos actuales?

La respuesta a todas estas preguntas depende de nuestra flexibilidad en el diálogo y de nuestras posibilidades de acuerdo. Mente abierta e imaginación serán las claves de los próximos escenarios políticos.

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CORRUPCIÓN Y CRISIS DE NUESTRO MODELO DE REPRESENTACIÓN DEMOCRÁTICA ("EL ATRIL" DE "DIARIO DE LA SIERRA").

Durante este mes de Noviembre -que ahora termina- existen -en distintos estadios de tramitación judicial- más de setecientos treinta casos de corrupción política, afectando a casi todos los niveles de las varíadas Administraciones del Estado. Para muchos, la situación política generada por estos casos delictivos -que se deriva de la detección constante y reiterada de estos supuestos- constituye un hecho tan grave que justifica la adopción de medidas excepcionales e inmediatas. Para otros -entre los que me incluyo- estos casos de distorsión democrática no son más que la consecuencia lógica del funcionamiento cotidiano de nuestro actual modelo político y social. La corrupción política existe porque nuestras formas políticas vigentes constituyen un caldo adecuado de cultivo para acontecimientos de esta clase. Por tanto, el problema no reside en la adopción de tal o cual medida concreta, sino en una auténtica transformación de nuestro sistema de representación política. Ese -y no otro- es el orígen del problema. Y es que las permanentes noticias que aparecen sobre esta cuestión no debieran tener otro efecto sobre la ciudadanía que el de la apertura de un amplio debate social. Debate necesario no sólo sobre la validez de las actuales formas de representación democrática, sino también sobre su eventual sustitución por otras posibilidades y modelos.

El actual modelo de representación política tiene su máximo fundamento -al parecer indiscutible- en la afirmación de representar a los ciudadanos en las distintas tareas de gobierno y ante las distintas instituciones administrativas. Siempre por medio de los partidos políticos, que no son más que unos entes organizativos interpuestos entre nosotros -los administrados- y los efectivos resortes del poder político. Sin embargo, ello no es cierto. Porque o bien este mecanismo no nos representa -en absoluto- o bien lo hace de manera incompleta y -por tanto- defectuosa. Lo que es denominado -de manera confusa y muchas veces meramente ideológica- como el Sistema, no es más que un complejo conglomerado de intereses económicos y políticos, que sigue rigiendo nuestras vidas en función de un equilibrio más o menos estable. Cualquier parecido entre el Sistema -los anglosajones han acuñado el correctísimo concepto de establishment- y una forma participativa abierta y verdaderamente democrática de representación no es más que coincidencia. Más o menos tangencial pero -al fin y al cabo- coincidencia.

Los falangistas creemos que nuestro modelo de representación política es -en su forma actual- absolutamente inseparable de las distintas posibilidades de corrupción en el ejercicio de los cargos públicos. Con ello -y por lógica- no queremos decir que todos nuestros cargos públicos sean corruptos. Lo que afirmamos es que, dentro de las vigentes reglas del juego político, todos tienen más posibilidades de serlo en el marco de una relativa impunidad. Ni más ni menos que la total imposibilidad que un Estado tiene de investigar todas y cada una de sus instituciones, así como todas y cada una de las personas que las integran. Esta tarea desbordaría la acción y los recursos de cualquier Estado moderno, y ello en el caso -esa es otra cuestión- que de verdad se quisiera poner cierto orden dentro de este caos. Y es que los casos de corrupción política que surgen a la luz no son más que la punta del iceberg, siendo su propio descubrimiento y exposición pública sólo una muestra más de la evidente perversidad de nuestro sistema representativo... ¿nunca os habéis preguntado la razón de aparecer determinado escándalo -precisamente ese- y no otro? A estos grados "normales" de corrupción se han venido a sumar otros radicales incrementos, producidos por el auge económico de la denominada cultura del ladrillo, fomentada como única fuente sólida de ingresos de los Municipios españoles. Ello ha supuesto una auténtica ríada de millones circulando -sin ninguna clase de límites- sobre nuestras Corporaciones Municipales. Que os voy a contar al respecto que no sepáis a través de los Medios.

Y es que el mismo planteamiento inicial de la cuestión no deja de ser una muestra más de este mal funcionamiento del que os hablo. Yo creo que el actual sistema político da por sentado que existe un nivel determinado de corrupción política. Una general aceptación ciudadana sobre la cuestión que constituye una de las aberraciones más increíbles de la opinión pública moderna. Y, dentro de este nivel más o menos amplio de corrupción -yo estimo que amplísimo- existe asimismo un nivel tolerable de conocimiento por parte del gran público... de los electores. El ciudadano occidental medio tendrá un nivel de tolerancia -a esta clase de noticias- capaz de asumir estos hechos hasta un cierto grado. El descubrimiento mediático y periódico de estos casos -y su más que presumible serio castigo penal- viene además a reforzar la idea de unas instituciones que funcionan. Malvados funcionarios que son detectados y castigados -sin remedio- a través del buen funcionamiento de nuestras leyes y de nuestros organismos de investigación y persecución del crimen. Un sistema político que -modélico y limpio- es capaz de apartar del cesto a las manzanas podridas que lo manchan. Conclusión inaudita mediante la cual -una vez más- se nos vuelve a quedar cara de tonto ya que -por lo que parece- no sólo tenemos que aceptar la corrupción como algo normal e inherente a nuestro modelo político sino que -asimismo- debemos aceptar sus consecuencias como algo positivo que vendría a confirmarnos -tajantemente- lo bien que funcionan las cosas. Aceptar esto como válido - la cosa vista de este modo- crea en el ciudadano occidental un estado de satisfacción capaz -y cuanto menos suficiente- de hacer que las ruedas del carro sigan girando.

Sin embargo, ello no es así. Porque si aceptamos que sólo salen a la luz casos muy contados de corrupción política, nos encontramos -de bruces- con un secreto a voces. El secreto del defectuoso funcionamiento de un sistema que -ni limpio ni democrático- es mantenido artificialmente en un constante equilibrio de intereses en juego. Intereses que -por otra parte y en su máxima expresión- no resultan coincidentes con los intereses de los ciudadanos... que se pierden en una oscura y opaca maraña de circunstancias crípticas principalmente económicas.

En primer lugar, hemos de analizar cuándo salen a la luz estos episodios políticos. Si os fijáis, la mayoría aparece en la segunda mitad de las legislaturas respectivas. Es decir, cuando los partidos políticos empiezan a tomar posiciones frente a comicios próximos. En estos momentos, suele ser necesario constatar la evidente maldad del adversario... su absoluta y total falta de honestidad. Así, determinado Medio ventila un hecho "x" relativo a la derecha. Inmediatamente, otro Medio de Comunicación ventilará algún escándalo "y" relativo a la izquierda. Todo ello en una muy controlada vorágine destinada a demostrar la indiscutible falta de probidad en los de enfrente... en los otros. Pero digo "muy controlada" -entre comillas- ya que, como podéis ver, jamás se plantearán -estos sesudos analistas políticos- los principios rectores que configuran el fondo real de la cuestión, sino que se limitarán a responsabilizar de este funcionamiento anómalo a determinadas personas poco escrupulosas. De esta forma, el problema se hace recaer sobre determinadas conductas ilícitas, pero no en la propia validez del modelo político existente.

El problema está en el propio contenido del sistema de partidos políticos. En sus reglas de funcionamiento cotidiano. Y es que, dejando al margen los escándalos que trufan aquí y allá nuestra vida política, existe un verdadero pecado original de nuestro esquema político vigente. Un pecado del que se derivan -en cascada- todos los demás. El verdadero escándalo de esta Democracia reside en las astronómicas sumas -hace lustros que se perdió la cuenta exacta de estas cantidades- que las entidades bancarias conceden a fondo perdido a los partidos políticos mayoritarios. Créditos y más créditos que tienden a sostener -de forma artificial y forzada- la estructura actual de los partidos políticos. Los partidos políticos que -lejos de servir a su originaria misión de ordenación idónea de las distintas opciones políticas de una sociedad civilizada- se han convertido en mastodónticas estructuras burocráticas de defensa de intereses muchas veces oscuros o, al menos, poco transparentes. Gigantescas empresas cuyo fin es la obtención de resultados -acumulación de cargos públicos y de cada vez mayores grados de influencia- que se instalan en la vida pública a través de su presencia en todas las instituciones del Estado. Aparatos burocráticos sostenidos por fondos públicos y privados cuya restitución nadie exige.

A mí, como Letrado en ejercicio que defiende, a menudo, a honestos y trabajadores ciudadanos que -imposibilitados de cumplir sus obligaciones de pago frente a las entidades bancarias- se ven procesalmente perseguidos por sus respectivas entidades bancarias, me resulta sencillamente repugnante esta discriminatoria distinción. Si Pepe Pérez o Fulano Sánchez -tú, aquel, ese y yo- deja de pagar las cuotas de un crédito bancario -de la clase que sea y con la entidad que sea- se verá, de forma más o menos inmediata, contundentemente reclamado por la entidad bancaria acreedora quien, sin ninguna clase de consideración por las circunstancias personales de cada uno, le perseguirá judicialmente hasta la obtención del íntegro cobro de estas sumas, incrementadas por el juego de los intereses, las costas y demás gastos procesales. Este principio inexorable se quiebra en el caso de los partidos políticos. Estos pueden deber todo lo que quieran, porque las entidades bancarias no les exigen -de forma alguna- la devolución de lo entregado. Nadie ha conseguido explicarme convincentemente la razón de este escándalo. Tampoco las instituciones -salvo tímidas indicaciones al respecto ofrecidas, cada vez más espaciadamente, por nuestro Tribunal de Cuentas- se pronuncian al respecto. Al parecer, se trata de otro de esos datos objetivos de aceptación obligatoria y nunca cuestionada. Miles de millones de Euros danzando, sin ningún control, sobre nuestras unidades básicas de participación política. Y los partidos políticos como entes liberados del pago del dinero que reciben, y de sus intereses, por supuesto. Estas entregas periódicas de capital no sólo tienden a fortalecer la posición social de los partidos de un modo artificial y, por tanto, desmesurado, sino a sostener el engranaje mismo del sistema... la piedra angular de nuestro sistema representativo. Y esto ni es lógico, ni es democrático.

Y como los partidos políticos son inmensos engranajes burocráticos, su conexión con el resto de la sociedad se viene a difuminar en cada vez mayores grados. A estas alturas de esta triste película, no creo que exista nadie que sostenga que existe una conexión íntima y fluída entre cada uno de los partidos políticos y los electores. Entre los partidos y el pueblo. Y, por extensión, tampoco existe una corriente circulante entre los electores y los elegidos. Entre el pueblo y sus cargos electos. Incluso a nivel municipal -donde teóricamente debería existir una mayor cercanía o proximidad en las acciones de gobierno- se deja sentir esta falta de conexión. Nosotros podemos conocer -de manera directa y cotidiana- a tal o cual Concejal. Esta proximidad nos induce a un repetido error político, porque los ciudadanos seguimos desconociendo -por mucho que conozcamos o veamos diariamente al cargo público en cuestión- los resortes de actuación -las razones orgánicas- que llevan a este mismo cargo público a acordar determinadas políticas y no otras. A conocer los verdaderos -e internos- resortes del poder. De esta forma, se llega a una conclusión terrorífica. Nuestro voto es un cheque en blanco. Algo que se nos pide cada cuatro años y que tan sólo sirve para instalar en las instituciones a un conjunto determinado de personas que -después y sistemáticamente- no nos ofrece nunca explicaciones adecuadas y profundas tanto sobre su gestión como sobre las razones de fondo de la misma. Una concepción democrática pobre y absolutamente alejada de los intereses ciudadanos reales. Y esa es -precisamente- no sólo la concepción de nuestro modelo político vigente, sino la única posible dentro de nuestra normativa constitucional de nuestro entorno. Porque esta forma poco transparente de gobernar no depende, tan sólo, del carácter más o menos abierto -o también más o menos honesto- del cargo público en cuestión, sino que es la única que puede desarrollarse dentro de nuestra legislación política.

Por eso, los falangistas creemos que no basta con un endurecimiento de las leyes penales concernientes a las conductas de corrupción política. Ni tan siquiera bastaría con la creación o mejora de las normas jurídicas -sean de la clase que sean- relativas a la transparencia en la marcha de las instituciones. Soluciones de esta clase tan sólo supondrían simples parches formales a este grandísimo problema de fondo. La solución pasa -necesariamente- por la transformación radical de las reglas del juego democrático. El poder no debe ser intervenido en mayor o menor medida. El poder debe ser repartido entre los ciudadanos. Amplíar la base democrática en el funcionamiento de las instituciones incidiría -de manera directa- en la transparencia de las mismas.

Se trata de algo tan lógico como eso. Cuantas más personas participan en la toma de decisiones públicas, más disminuye el peligro de corrupción política. Abrir las ventanas del poder -en cualquiera de sus diferentes estratos- y evitar las prácticas opacas de gobierno. Cogestión pública que desemboque -en un tiempo más o menos breve- en cada vez mayores cuotas de autogestión de todos sobre los asuntos de todos. Procesos revolucionarios permanentes que, en un primer momento, ordenen el ejercicio del poder y nos hagan participar a todos en el mismo, para ir desarrollándose después hacia formas de participación ilimitada. Cogestión y Autogestión. Y mucho más a nivel municipal, donde estas transformaciones podrían ser realizadas con muchísima mayor facilidad y donde -en el caso de poder realizarse- se procedería a una absoluta limpieza en este primer escalón -y muchas veces más importante- de corrupción política. Urbanismo participado, presupuestos participados... políticas de Mesas y Consejos donde todos decidamos y donde todos podamos obtener plena información sobre la marcha de los asuntos públicos. Organos de representación directa coexistiendo con los cargos elegidos.

¿Son los partidos políticos elementos insustituíbles de participación política? Muchos -cada vez más- creemos que no... que sólo ofrecen una solución adulterada e incompleta del antiguo problema -tan viejo como el mundo- de la representación política. Porque -y siempre garantizando el derecho elemental a la libre opinión y expresión de las ideas- nos encontraríamos con otras formas de representación directa más libres y transparentes. Sin duda más profundamente democráticas. Formas de participación directa que -muy lentamente- se están abriendo paso en las sociedades occidentales al amparo de legislaciones más o menos abiertas al respecto. El problema está en saber si dichas formas sustituirán radicalmente a los partidos políticos -a raíz de un proceso revolucionario contundente desde una mayoría social- o si, por el contrario, coexistirán con los partidos políticos durante un período de tiempo más o menos largo para -finalmente- terminar quedando arrinconados como ineficaces y aceptadamente innecesarios.

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LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO COMO FACTOR DE IGUALDAD PENAL ("EL ATRIL" 12/XI/09).

Con la llamada violencia de género pasa igual que con casi todos los problemas graves que aquejan a la sociedad española. Que más que de una falta de leyes aplicables, se trata de una simple falta de valores. Ausencia de principios educativos sólidos. Valores asentados férreamente en una sociedad que deberían presidir -sin fisuras- nuestras relaciones interpersonales. Educación en el respeto y una clara definición de la igualdad entre los sexos en el ámbito de la pareja. Sin embargo, esto no se da. Y como no se da, tiene que venir la Ley -la fría regulación legal- para intentar suplir lo que no existe. A falta de valores... vengan leyes.

Las políticas legislativas emprendidas por un Estado justo y moderno deben tener -como una de sus finalidades prioritarias- la defensa de los más débiles... la protección de los intereses más necesitados de cuidado y tutela. Por eso yo -desde el falangismo- me he encontrado muy cómodo con el establecimiento de una regulación específica de la llamada violencia de género, y pienso que muchos de vosotros coincideréis conmigo en ello. Resulta indudable la exigencia de protección que tiene el colectivo -más o menos amplio según las siniestras estadísticas al respecto- de las mujeres maltratadas. Así nos lo indica -sin necesidad de acudir a otra clase de argumentos o consideraciones- la constante y diaria sucesión de noticias relativas a este determinado tipo de violencia, así como nuestra propia -y triste- experiencia como Abogados en ejercicio. Pasan frecuentemente asuntos así por nuestros Despachos Profesionales, y nos hemos acostumbrado a convivir con este horror. Pero también a intentar paliarlo en la medida de lo posible. Mecanismos existen para ello, por fortuna.

De todas formas, la natural evolución de este debate social ha hecho que -en este preciso momento- la discusión se centre en el contenido que debe tener esta normativa concreta, pero no en la necesidad de su efectiva inclusión dentro de nuestro sistema normativo. Porque la práctica mayoria de las fuerzas sociales y políticas españolas coinciden en la necesidad de establecer esta legislación específica, discutiendo tan sólo en torno a los extremos concretos sobre los cuales debe estructurarse esta acción de los poderes públicos. Acuerdo sobre el fondo y discrepancias en las formas.

Esto no siempre ha sido así. Y es que los sectores más insanamente reaccionarios de la sociedad española no solamente negaban la necesidad de una normativa específica sobre la llamada violencia de género sino que llegan a rechazar -incluso- la propia existencia del concepto, en el sentido de negarle una categoría jurídica autónoma y distinta de las demás clases de violencia. Se dice por estos sectores -generalmente ultraderechistas- que la violencia de una persona frente a otra está ya adecuadamente contemplada en el Código Penal, y que resulta innecesaria la redacción normativa de esta figura específica. Los actos violentos son siempre actos violentos, con independencia de quién los ejercite y sobre quién se ejerciten.

Sin embargo, la violencia de género es un tipo delictivo muy específico y -desde luego- merece una regulación independiente del resto de los actos violentos. Porque se trata de -nada más y nada menos- que de la violencia ejercitada contra una mujer por el mero hecho de ser mujer, y siempre dentro del ámbito de una relación personal previa con el agresor. Consiste en aquella violencia que -ejercitada por un hombre- tiene por motivación determinante la condición femenina de la víctima, con todas las notas de abuso de fuerza, humillación y miedo que ello trae consigo. Todas las demás formas de agresión -todas las distintas clases de violencia ejercitada entre personas- podrán ser definidos dentro de alguna otra categoría penal, pero no -precisamente- de la denominada de género. Se trata de una forma de violencia muy cualificada.

Otra cosa muy distinta ha sido el debate suscitado en torno a la discriminación positiva. Y es que, la existencia de una Ley específica sobre la Violencia de Género ha planteado dudas en torno a este concepto. Muy en la línea de las posiciones anteriormente referidas, estas tesis sostienen que no resultaría constitucional que un mismo hecho -como por ejemplo, un bofetón- tuviera distintas consecuencias penales en función del género del agresor. Se parte de la base de que un bofetón de un hombre a una mujer debe ser igual -como acto que es de violencia- que un bofetón de una mujer a un hombre. La Ley tendería -por tanto- a penalizar diferencialmente a los hombres respecto a las mujeres por una misma conducta constitutiva de delito. A mí esto -particularmente- no me cuadra y, en este sentido, se ha pronunciado también el Tribunal Constitucional. Nuestro Alto Tribunal desestimó las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas que -en este sentido- se habían suscitado sobre la Ley Integral contra la Violencia de Género.

El problema reside en la óptica constitucional distinta con la que se enfrente la cuestión. Porque no se trata de una penalización distinta de conductas iguales sino de -ni más ni menos- una penalización diferente de conductas asimismo diferentes. La Ley Integral es plenamente constitucional porque no está penando desigualmente conductas iguales, sino sancionando desigualmente conductas desiguales. Y, en este sentido, la Ley Integral de Violencia de Género no puede ser considerada más que como un factor de igualdad, al aumentar el grado de protección penal del que gozan determinadas situaciones de violencia que antes estaban desprovistas de regulación específica. Elemento igualitario sobre supuestos de hecho anteriormente regulados de manera defectuosa. Completar la protección penal que le falta a un supuesto hasta igualarlo respecto a los demás. Esto es lo que ha hecho la Ley Integral... completar una protección deficitaria.

Parto de la base de que "dos bofetadas" no son -sin más- equiparables. Y ello porque cuando un hombre golpea a una mujer a la que está -o ha estado- ligado por algún tipo de vínculo sentimental específico -viniendo ese episodio de violencia enmarcado dentro de un conjunto de relaciones interpersonales entre agresor y víctima- nos encontramos con un tipo penal nuevo y altamente especializado... mucho más grave que la simple violencia considerada en abstracto. En este caso, nos encontraríamos con alguno de los supuestos de hecho contemplados en la normativa específica de la violencia de género: aquellas modalidades agresivas -ataques físicos o psicológicos- producidos dentro de un marco de relación y considerados como especialmente lesivos o humillantes frente a la mujer por el mero hecho de serlo.

Partiendo de esta base legal, surge la polémica al haber anunciado el PSOE una reforma del actual texto de la Ley Integral. Ya está corriendo el borrador por el Congreso y ya está -como siempre- servida la polémica. Porque, con independencia de la opinión que -sobre la oportunidad de estas reformas- tenga cada uno, lo cierto es que esta clase de iniciativas socialistas siempre están afectadas de una tremenda sospecha de electoralismo. Estos temas estrella de la política social del PSOE casi siempre son sacados a la palestra pública en momentos de baja popularidad o, también, en aquellos casos en los que se pretende contrarrestar alguna clase de información negativa respecto a algún aspecto de la acción del Gobierno. Lo cierto es que ahora se pretende una profundización en la Ley de Violencia Integral y -de la información que va apareciendo en los Medios- estas medidas se traducen en algunos avances positivos y también en otros -cuanto menos- preocupantes. Lo primero que llama la atención es que la Ley tenga que ser corregida tan pronto.... ¿simple acción electoral o subsanación de errores sinceramente detectados? Entre los positivos, podemos citar la retirada de la custodia e, incluso, de la patria potestad a los padres condenados por maltrato, contemplando asismismo la posibilidad de adaptar esta medida de forma cautelar y una vez admitida a trámite la denuncia... o la mejora en la coordinación entre Juzgados y servicios policiales en materia de violencia... o una mayor y mejor formación de los Jueces y funcionarios encargados de estos Juzgados especializados. Sin embargo, se ha hablado de un posible supuesto de discriminación positiva. Esta vez sí y de carácter grave, ya que se contempla la no aplicación como atenuantes de las actuaciones de maltrato realizadas bajo la influencia de las drogas o del alcohol. De esta forma, nos encontraríamos ante un supuesto extraño de excepcionalidad penal porque -dependiendo tan sólo del tipo delictivo de que se trate- serían aplicables determinados atenuantes y otros no. Y ello en vez de tener aquellos una aplicabilidad general a toda conducta, como exigiría un mínimo principio de seguridad normativa penal.

Lo que ocurre con las leyes es que sólo su aplicación en el espacio y en el tiempo demuestra su pretendida bondad. Al cabo de cierto tiempo, deberemos examinar cuáles han sido los resultados de la aplicación de estas normas jurídicas específicas. Y aquí la evaluación no puede resultar más sencilla. Si baja el índice de víctimas de la violencia de género, estaremos ante un conjunto positivo de medidas. Pero si no desciende, el problema deberá ser replanteado por nuestros legisladores.

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LAS RAZONES DE NUESTRO "SÍ A LA VIDA" ("EL ATRIL" 25/X/09).

En pocas materias como la del aborto se ha manifestado tan nítidamente la polarización en la que se encuentra sumida la sociedad española. Pocas veces -también- tiene lugar una toma de postura pública tan directamente vinculada a una convicción íntima y moral. Ni más ni menos que ligada a la convicción que tenga cada uno respecto a la protección que quiera darse al embrión. Al convencimiento que tengamos respecto al momento efectivo del nacimiento de la vida humana, y a la solución que queramos dar al eventual conflicto existente entre los derechos de la madre y los derechos del todavía no nacido. Una posición evidentemente moral que tiene una plasmación práctica en la vida pública. Pero esta mera convicción moral -muchas veces de contenido religioso- tan sólo podrá ser válida a título individual o meramente personal.

La última gran Manifestación del 17-O ha reabierto el debate en torno a este trascendental asunto, y ha puesto de manifiesto las carencias, contradicciones y defectos de las distintas argumentaciones morales y políticas existentes en esta materia.

Muchas veces la simple afirmación de derecho a la vida apenas es capaz de encubrir una postura profundísimamente egoísta y reaccionaria, en la más triste tradición de la derecha española. La Derecha española no sólo es una de las derechas más egoístas y reaccionarias del mundo sino que -por si esto fuera poco- en este concreto tema está mintiendo a su propia gente. Los dirigentes políticos de este sector no dudan en proclamarse antiabortistas cada vez que la ocasión lo requiere. No dudan en hacerse una foto detrás de la pancarta y de proclamar a los cuatro vientos los derechos indiscutibles de los que todavía no han nacido. Sin embargo, no prohíben el el aborto cuando gobiernan -cuando tienen la oportunidad de seguir los dictados prefijados por su propio electorado- siendo las cifras de abortos -en la Comunidades Autónomas donde la Derecha gobierna- las más altas dentro del conjunto español. Es de suponer que esta circunstancia abrirá una grieta cada vez mayor entre los votantes del Partido Popular y sus cúpulas directivas. Grieta que -por otra parte- ya ha comenzado a tener cierta forma pública a raíz de la última gran concentración antiabortista del 17-O.

Sus primos de la izquierda no se quedan cortos en lo que a la instrumentalización del asunto se refiere. La afirmación a ultranza del derecho al aborto incurre en los mismos vicios en los que suelen caer casi todas las grandes materias que son objeto de reglamentación socialista. No podemos dejar de pensar que todos estos grandes temas del socialismo en el poder no son más que guiños electoralistas dirigidos a la gran masa de votantes de izquierda. Un motivo más de galvanizar un voto muchas veces disperso. Y para ello, fomento sistemático del acostumbrado sectarismo unidireccional de nuestras distintas izquierdas, las cuales ni se plantean -como nunca se han planteado a lo largo de nuestra dura Historia- comprender someramente -aproximación para el diálogo- a la postura contraria. Desde estas posiciones, se dice defender un derecho incuestionable de la Mujer pero -a la vista de los pobres resultados obtenidos por estas políticas- resulta evidente que la defensa de ese derecho se hace -muchas veces- no sólo por encima de la propia Mujer, sino también de nuestros más arraigados derechos de contenido general.

Derechas e izquierdas -como siempre- coinciden en su visión unilateral y particularista del problema. Unidas siempre sobre la base inamovible de la incomprensión recíproca y de la imposibilidad de colaboración mútua. Enlazadas siempre por su exclusivismo unilateral a la hora de determinar los principios rectores de los grandes asuntos nacionales. Lo malo es que aquí -en esta materia concreta- se están dañando demasiado valores defendibles. Básicamente tres: el de la persona todavía no nacida -en el caso de que le creamos digno de protección- el de la mujer que aborta y el de la sociedad española en su conjunto.

Los falangistas creemos que la simple negativa a la posibilidad de abortar ni resuelve el problema ni -tan siquiera- es mínimamente aceptable desde una perspectiva moral. Del mismo modo, tal consideración nos merece la simple afirmación de un derecho incuestionable e incondicional a la vida, siempre que ello no vaya acompañado de un contenido práctico que posibilite la plasmación tanto de este derecho como de otros -relacionados con él- en la vida cotidiana. Una vez más -y desde nuestra óptica- se trata de un problema de solidaridad. Nosotros afirmamos una incuestionable defensa del derecho a la vida, si bien acompañando esta postura con la adopción de una conjunto de medidas no sólo complementarias a esta postura, sino recíprocamente esenciales a la misma.

La clave de estas posiciones solidarias se encuentra en el ofrecimiento -a la mujer que quisiera abortar- de un conjunto de medidas alternativas que garanticen la protección de los distintos intereses en juego. Que protejan la vida de la persona que va a nacer y, al mismo tiempo, que protejan a la madre que se encuentra en esa difícil tesitura. Del mismo modo, y como corolario, estas propuestas tienden a proteger el interés general de la sociedad española, y ello en una doble vertiente moral y práctica. Dentro de nuestras escasas posibilidades políticas -que nos impiden hacer planes programáticos de realización inmediata- los falangistas propugnamos la potenciación de estas medidas paralelas que coexistirían con la legislación abortista, siempre y cuando no exista un partido político en el gobierno que tome la decisión de anular -definitiva y taxativamente- la actual normativa al respecto. Por esta razón -y a la espera de que algún Gobierno haga gala de esta actuación de valor cívico- lo único que podemos hacer es solicitar vías alternativas que minoren -en la medida de lo posible- los daños producidos. Estas medidas se aplicarían de forma exclusiva si aquello -lo conocido como abolición- ocurriera.

La clave puede estar -en primerísimo lugar- en la potenciación de la vía de la ADOPCIÓN como alternativa al aborto. Para ello debemos partir de una premisa básica: en aquellos países europeos en los que esta medida se ha desarrollado -Holanda- ha decrecido notablemente la tasa anual de abortos. Una mujer que acuda al sistema sanitario público o privado al objeto de solicitar la interrupción de su embarazo, debería ser convenientemente informada de esta posibilidad como primer paso de un mecanismo legislativo amplio. Campañas de información que desemboquen en la incuestionable supervivencia del no nacido y en su futura ubicación social dentro de un hogar familiar integrado. Así de fácil. Porque la difícil situación de la madre es canalizada institucionalmente hacia la solución de otra difícil situación familiar.

Otro de los factores que repercuten de manera directa en la disminución del índice de abortos es el aumento de la ayuda social a la familia y, en especial y en concreto, a la mujer embarazada aunque no forme parte de ningún grupo familiar. Estas ayudas deben estar orientadas a complementar los ingresos corrientes de una economía doméstica, al objeto de paliar los gastos que supone el nacimiento de un niño en el ámbito económico de los gastos familiares. Lo que pasa es que el Estado Español es tremendamente cicatero a la hora de conceder estos beneficios económicos, de inestimable ayuda a la hora de apuntalar una sencilla economía familiar. Datos estadísticos nos indicaban -en un pasado muy reciente- que los ingresos destinados a ayudas familiares no alcanzaban en España el 1% del PIB. Este dato es escandaloso y denota -por sí mismo y a pesar de todo el chau-chau oficial- la ausencia de una auténtica política de protección a la familia en las distintas instituciones españolas. Podemos hacer otras cosas con los mismos ingresos. Es una simple cuestión de orden y de fijación de prioridades. Nuestras finanzas públicas deben ser reorganizadas, y reorientadas adecuadamente a gastar más en esta clase de ayudas familiares; a extender la cobertura a mujeres de toda condición, incluídas las no trabajadoras; a eliminar las cortapisas establecidas por índices de renta varíables o por edad (por ejemplo, posibilitando que una madre menor pueda cobrarla hasta que termine sus estudios superiores en el caso de querer cursarlos), y a aumentar verdaderamente las ayudas a la familia numerosa.

Pero es que, además, nuestra reafirmación del derecho a la vida repercutiría -de manera directa- en las condiciones generales de trabajo. Conciliación de la vida laboral o familiar, teletrabajo, continuación de la lucha por una igualación de los salarios y por la supresión de datos discriminatorios de naturaleza sexista en la búsqueda de empleo, establecimiento de un número mayor de guarderías, establecimiento de casas integeneracionales -maravillosa idea alemana que sustituye a la guardería, en el sentido de posibilitar la convivencia cotidania entre los más pequeños y sus abuelos bajo asistencia técnica adecuada- y demás ventajas laborales y profesionales que, de forma barata e imaginativa, sean capaces de generar no sólo fuertes beneficios sociales y económicos en el terreno productivo, sino de producir tremendos beneficios en lo tocante al desarrollo meramente humano o personal. Una sociedad más humana debe ser siempre una sociedad más justa, y viceversa.

Y es que debemos entender que el factor verdaderamente progresista de una política general de gobierno en España pasa, inevitablemente, por el fomento de la natalidad. Entender que una acción gubernativa en ese sentido es capaz de producir, además de una evidente prosperidad económica, un mayor grado de cohesión social. De solidaridad, en definitiva... en esta Europa de cambios demográficos, envejecimiento de la población y recesión capitalista podríamos intentar -por qué no- una decidida acción institucional de fomento de la natalidad.

Estas son nuestras razones para un SÍ explicadas de manera esquemática. Yo creo que una simple afirmación no basta, siempre y cuando no sepamos dar a nuestro "sí a la vida" un complejo contenido de nuevas relaciones sociales y económicas. Una lucha por la consecución de nuevos derechos y por la profundización de los derechos ya existentes. La lucha contra el aborto se convierte así, y de conformidad a lo que os he contado, en un factor evidente de transformación social. En una baza más de nuestra acción revolucionaria.

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COMIENZO A PUBLICAR EN "DIARIO DE LA SIERRA" MI COLUMNA "EL ATRIL"... DEBEMOS OPONERNOS A ESTE PGOU.

Antes de que comencéis a leer mi Columna, me gustaría agradecer a la Dirección de "DIARIO DE LA SIERRA" la oportunidad que me ha brindado de poder escribir en sus páginas. En estos tiempos de crispación e innecesario sectarismo, resulta edificante comprobar como siguen existiendo Medios de Comunicación no sólo auténticamente independientes, sino también pluralmente abiertos y dispuestos a publicar colaboraciones de ideología diversa. Dicho esto, pasemos a hablar de algo infinitamente menos agradable y más ingrato. Porque hoy voy a hablaros de urbanismo en San Lorenzo de El Escorial.

El modelo urbanístico que -desde las distintas Corporaciones Municipales de la Sierra Noroeste- se está implantando en nuestros Municipios contradice -de manera frontal- los criterios más elementales de crecimiento sostenible... de la lógica de un desarrollo urbanístico equilibrado. En definitiva, este modelo de crecimiento serrano propuesto por nuestras Alcaldías -y alentado por un en exceso cicatero PORN de Guadarrama- constituye un atentado a las razones que -de un modo u otro- nos impulsaron a vivir aquí... a elegir este rincón del mundo como propio. Gente como yo -muchos centenares a lo largo y ancho de la Sierra- que eligió la opción de vida de los pequeños Municipios y de la inmersión en una Naturaleza siempre circundante. Que escogió un modelo económico basado en el predominio del sector servicios y en una muy moderada tasa de crecimiento poblacional.

Obviamente, estas no son las propuestas urbanísticas realizadas por los distintos Ayuntamientos serranos. Por eso, resultan -cuanto menos- lesivas para nuestro estilo de vida. Creo que el Hombre -con mayúsculas y considerado como base fundamental de cualquier sistema político aceptable- encuentra su directa proyección en su entorno inmediato, y que ello le confiere unas peculiares características ciudadanas. Por esta razón, todos convendremos en la circunstancia indudable de que el ciudadano de los Municipios de la Sierra ha venido desarrollando sus hitos vitales dentro de determinadas -y muy concretas- condiciones medioambientales. Estas condiciones concretas son las que están siendo modificadas a través de estas actuaciones urbanísticas, las cuales están transformando -de manera irreparablemente negativa- nuestro modo de vida. En eso -precisamente- consiste el tan traído y llevado desarraigo... en esa transformación de nuestros caracteres propios obtenidos por nuestra relación con el lugar y el tiempo, y en su sustitución por un modelo social uniforme y alejado de nuestra identidad indiscutible.

Identidad propia que salta hecha pedazos ante los propuestos pueblos sobredimensionados, los focos industriales transplantados de un sitio a otro, la creación artificial de núcleos urbanos distantes decenas de kilómetros del núcleo urbano central, el aprovechamiento inverosimil de cada metro cuadrado disponible para construir -aún a riesgo de dañar irreparablemente el medio natural- un número elevadísimo de Viviendas... tantos y tantos factores negativos.

Y es que estas fórmulas de desarrollo han encontrado su máximo apogeo en el modelo económico que se estaba propugnando en España antes de la recesión capitalista. Un modelo basado en la construcción desaforada de inmuebles a lo largo y ancho de toda nuestra geografía y en la concesión fácil de créditos bancarios. Un modelo basado en la multiplicación constructora y en el beneficio quintuplicado de forma rápida, fácil y segura. Justo el modelo que ha quebrado y que -en estricta lógica- jamás volverá a presidir nuestra vida económica. Sin embargo, nuestros Ayuntamientos se empeñan en mantener al muerto vivo reproduciendo una y otra vez -y como un talismánico mantra- los viejos usos que -para incrementar de forma fácil las arcas municipales- resultaban efectivos hace tan sólo un par de años. Modelos urbanísticos inválidos dentro de una economía extinguida, y mantenimiento de la fórmula mágica al resistirse a creerla muerta.

El PGOU avanzado por la Corporación Municipal de San Lorenzo de El Escorial constituye un claro ejemplo de estos modelos urbanísticos sin vigencia. El anterior avance fue altamente criticado por organizaciones políticas y sociales de nuestro Pueblo. El nuevo ha replanteado el debate, si bien sobre objetivos constructores mucho más modestos que los que motivaron las primeras protestas. Sin embargo, esta menor presión constructora no supone -ni muchísimo menos- una disminución del peligro que se cierne sobre la seguridad medioambiental de nuestro Municipio ya que -como si de siniestras previsiones se tratara- el Ayuntamiento se reserva la posibilidad de construir en el futuro en zonas que, si bien no son de inmediata ejecución, son objeto de fijación futura de circunstancias legales que podrían ser aplicadas después en condiciones más favorables. Eso -entre otras cosas- es lo que ocurre con nuestro nuevo Plan... que viene a aprovechar la posibilidad de construir en pequeños espacios disponibles dentro del núcleo urbano (Jardín de las Carmelitas, Los Tilos...), así como a garantizar la posibilidad e hacerlo en el futuro, aunque ahora mismo sea esta actuación inviable por causa de la situación económica.

 En especial, eso es lo que ocurre con el famosisísimo paraje Monesterio. El mismo de nuestras esfuerzos opositores en la anterior legislatura -¿recordáis la barbaridad de las siete mil viviendas?- que ahora queda clasificado como suelo sectorizado... así parece que se está abriendo la puerta a desarrollos posteriores. No van a desarrollar ese megaproyecto faraónico, pero queda reservadito para lo que pueda pasar.

El nuevo PGOU define un futuro para San Lorenzo en todo punto alejado de la idea de pequeña ciudad que estimamos adecuada a nuestro Pueblo. Muchos de nosotros todavía seguimos queriendo vivir en un pequeño Municipio, caracterizado por el desarrollo de las empresas de servicios y del turismo, así como plenamente enmarcado en su contexto histórico, cultural y medioambiental. Nuestra Corporación no cree en ese modelo de pueblo. Avanza resueltamente hacia un sistema urbano más amplío y complejo. Sobredimensionado y -de todo punto- artificial.

Lo hemos explicado por activa y por pasiva. Ya lo dijimos en las últimas Elecciones Municipales incorporando nuestra posición al respecto en el Programa del PSLDE (el famoso Pacto por San Lorenzo). Los falangistas decimos que NO al PGOU avanzado actualmente porque desconoce -a todas luces- la peculiar característica de nuestro entorno. El conjunto escurialense fue delimitado por Felipe II como un todo armónico. Un lugar en el que se fundían -desde una óptica unitaria- los distintos elementos arquitectónicos y naturales que lo integraban. Un conjunto delimitado por varias construcciones, todas ellas plenamente inmersas en el espacio natural: Monasterio propiamente dicho, La Granjilla de La Fresneda, Navalquejigo y Casa de las Cigueñas. En realidad, se trataría -al decir de los que más han estudiado este fascinante materia- del espacio comprendido dentro de La Cerca de Felipe II. Se trata de un entorno único, el cual desaparece -en su conjunción unitaria y en su perspectiva histórica- si se lleva adelante este PGOU.

Y como este conjunto cultural se encuentra dentro de los términos municipales de distintos Ayuntamientos, los falangistas creemos -como cuestión de fondo en nuestros motivos de oposición- que nos encontramos ante la necesidad no sólo de un Plan coordinado entre distintos Ayuntamientos, sino de una proyección urbanística plenamente consciente sobre la verdadera naturaleza de nuestros espacio escurialense. Puestos a pedir... apostaríamos por un único PGOU definido entre varios Ayuntamientos y aplicable a todas las demarcaciones respectivas. Y también un Plan Intermunicipal de Protección. Tendríamos así una oportunidad única: no sólo la de preservar y proteger nuestro legado cultural, sino también la de convertirlo en una realidad viva y dinámica. Convivir con el espacio escurialense e incorporarlo respetuosamente a nuestro desarrollo. A nuestra forma de vida.

Se ha dicho que para nuestro actual gobierno municipal, el legado de la Casa de Austria como una especie de reserva sioux. Un mamotreto cultural respecto al que se tiene la pesadísima obligación de conservar sin construir, y ello en medio de un oceáno de nuevas urbanizaciones, entorpeciendo el correcto desarrollo urbanístico del Municipio. Ojeando el Avance del nuevo PGOU uno tiene la sensación de ser esa -precisamente- la concepción que se tiene desde arriba de este elemento único del mundo occidental.

Después, existen muchos y varíados motivos para decir que no. El desarrollo del paraje conocido como Miravalle o SAU II. Mediante esta serie de construcciones (para centrar al lector se trata de la Carretera que va desde El Valle de los Caídos hasta Collado Villalba) se pretende constituir un nuevo núcleo urbano separado quince kilómetros del centro de nuestro núcleo urbano originario. Esta barbaridad incrementará nuestra población, y hará necesarias nuevas dotaciones e infraestructuras no suficientemente detalladas. Un proyecto que endurece la presión medioambiental de nuestro entorno y supone la acometida de nuevas e innecesarias reformas en orden a nuestro transporte público, el casi necesario desdoblamiento de la M-600 y, en general, la consagración de un modelo económico municipal basado en el ya agotado ladrillo, pero no en nuevas políticas imaginativas de empleo y desarrollo sostenible.

Los falangistas vamos a oponernos a este nuevo PGOU de la misma forma que ya nos opusimos al anterior. Ya hemos presentado alegaciones al avance. En mayor o menor medida -y siempre de acuerdo a nuestras escasas fuerzas- nos seguiremos opondiendo a este texto en su redacción actual. Pero no se trata -en última instancia- de una cuestión política, o de algo que sólo afecte a tal o cual partido. Se trata de algo más profundo y esencial. Es la defensa de un modelo de vida... de una forma de entender nuestro entorno y de condicionar nuestro desarrollo común en el futuro. Algo que -sin duda- nos afecta a todos, y algo en lo que debemos luchar todos -sin innecesarias exclusiones- los que creamos en un modelo alternativo al planteado.

Este carácter suprapartidario de esta actuación opositora favorece la constitución de plataformas o entes colectivos de lucha ciudadana que, agrupando los esfuerzos de todos, plantean interesantes inciativas de defensa frente a la aprobación del PGOU. Tal es el caso de la llamada Plataforma Ciudadana Escurialense, recientemente constituída para coordinar las distintas iniciativas de oposición al PGOU dentro de nuestro Municipio. Claros y oscuros de esta lucha ciudadana. Porque otra vez se nos habla -por parte de este ente ciudadano- de la necesidad de que los políticos no entren en esta Plataforma. Nosotros no podemos menos que desconfíar de esta clase de afirmaciones. En primer lugar, porque el acto de redactar y de aprobar un PGOU es tan político como el acto de oponerse a él. Se trata de política en estado puro. Y en segundo lugar porque, generalmente y por desgracia, estas llamadas al apoliticismo están destinadas a impedir la entrada en estos colectivos de todos aquellos políticos que -por un motivo u otro- no merecen la aprobación de sus promotores.

Por ejemplo, los falangistas sufrimos este tipo de actuaciones discriminatorias dentro del extinto Foro Ciudadano Escurialense. En aquel Foro -y a pesar de que el falangismo serrano colaboró lealmente en sus iniciativas- entidades como Entorno Escorial proclamaban su carácter apolítico y, al mismo tiempo, vetaban la presencia en el mismo de los falangistas. Qué desperdicio en los siempre escasos recursos humanos y materiales de este Foro y que tremenda contradicción con el pretendido carácter abierto de estas entidades ciudadanas. Sobre todo cuando los mismos que te vetan no tienen ningún empacho en aparecer en la fotografía -siempre que se les llama para ello- junto a lo más granado de la extrema izquierda serrana -comunistas pulidos y sin pulir, violencia antifa, okupas- apoyando expresamente alguno de sus aquellarres. Curioso. Uno tiende a plantearse que es lo que -de verdad- preocupa a estos luchadores medioambientales: si esa suma de fuerzas en aras de un objetivo común... esa suma que nunca se cansan de predicar pero que -en ningún caso- procuran con su ejemplo o -sencillamente- la lucha más amplia por objetivos políticos de acoso a los equipos municipales gobernantes en nuestros Municipios, siendo esta faceta de rechazo a los PGOU sólo una más dentro de esta estrategia general.

 Sea como fuere, conviene a nuestra salud democrática que parte de los integrantes de este tipo de plataformas -sólo parte porque dentro de ellas hay mucha y buena gente- consigan desprenderse de esa cutre -cutrísima- capa de pelo de la dehesa que cubre sus prejuicios políticos. Tal vez así consigan darse cuenta del hecho de que esta lucha nos afecta a todos... de ser los recursos limitados y las ayudas siempre bienvenidas. Y de tratarse de una de estas raras cosas que nos unen a todos en aras de un objetivo social positivo. Mientras tanto, los falangistas de la Sierra Noroeste -una vez más y estemos solos o acompañados- lucharemos frente al PGOU de San Lorenzo.

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